La relación entre Colombia y Estados Unidos volvió a mostrar señales de tensión luego de que la Embajada estadounidense en Bogotá reiterara públicamente que el Clan del Golfo continúa siendo considerado una Organización Terrorista Extranjera (OTE), apenas horas después de que el Gobierno nacional suspendiera las órdenes de captura y extradición contra varios de sus principales cabecillas.
La publicación apareció en la cuenta oficial de X de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, donde se difundió una imagen con la palabra “Designados” en letras rojas y una lista de organizaciones señaladas como terroristas por Washington. Entre ellas aparecen el ELN, el Clan del Golfo, las Farc-Ep, la Segunda Marquetalia y el Tren de Aragua.
El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes judiciales contra 29 líderes del Clan del Golfo, incluido su máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.
En su publicación, la Embajada fue contundente al afirmar que estas organizaciones “trafican toneladas de cocaína, destruyen recursos naturales con la minería ilegal y se lucran sembrando terror en las comunidades colombianas mediante extorsión, reclutamiento forzado de menores, tráfico de personas y asesinato de líderes sociales, periodistas y miembros de la fuerza pública”.
La designación oficial del Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado fue firmada el 4 de diciembre de 2025 por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y publicada días después en el Federal Register.
Esta clasificación tiene implicaciones legales concretas para cualquier persona o entidad que brinde apoyo material al grupo dentro de territorio estadounidense, además del congelamiento de activos y restricciones financieras internacionales.
La decisión del Gobierno colombiano hace parte del denominado Espacio de Conversación Sociojurídico (Ecsj), mecanismo creado para avanzar en un eventual proceso de sometimiento con esta estructura criminal. Según explicó el negociador jefe del Gobierno, Álvaro Jiménez, la suspensión de órdenes busca facilitar el traslado de más de 400 integrantes del grupo hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó.
De acuerdo con el Ejecutivo, el propósito es reducir los niveles de violencia mediante la concentración gradual de los cerca de 7.000 combatientes estimados que tendría el Clan del Golfo en diferentes regiones del país.
Sin embargo, la medida genera cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional, especialmente porque Estados Unidos mantiene una línea dura frente a organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
Las diferencias entre Bogotá y Washington sobre este tema no son nuevas. En febrero de 2026, el Clan del Golfo suspendió temporalmente las conversaciones que se adelantaban en Doha, Catar, luego de que Petro acordara con el entonces presidente Donald Trump colaborar en la ubicación de alias “Chiquito Malo”.
Pese a la crisis, las negociaciones fueron retomadas posteriormente con acompañamiento internacional de Catar, España, Noruega y Suiza.
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