El decreto dispone el retorno inmediato a Colombia de los recursos administrados por los fondos privados que han sido invertidos en mercados internacionales. Esta decisión se enmarca dentro de una agenda regulatoria promovida por la Unidad de Regulación Financiera (URF) desde diciembre del año pasado, con lineamientos definidos hasta 2026. Según el Ministerio de Hacienda, la iniciativa busca fortalecer la economía nacional, dinamizar el mercado interno y garantizar la sostenibilidad del sistema pensional en el largo plazo. Sin embargo, la forma y el alcance de la medida generaron fuertes cuestionamientos desde distintos sectores técnicos, gremiales e institucionales.
Uno de los hechos más significativos fue la renuncia de Mónica Higuera, entonces directora de la URF, quien manifestó abiertamente su desacuerdo con la repatriación forzosa de los recursos. Para la exfuncionaria, la medida implica riesgos elevados para la seguridad del ahorro pensional de los colombianos y podría afectar la estabilidad financiera del sistema. La gravedad del episodio quedó reflejada cuando, tras su salida, seis funcionarios adicionales renunciaron a la entidad, mientras en la Presidencia de la República se consolidaba una lista de aspirantes para ocupar los cargos vacantes.
El Decreto 1485 no se limita a la repatriación de capitales. También introduce cambios estructurales en el esquema de ajuste de las pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia. A partir de la entrada en vigor de la norma, la responsabilidad de financiar los incrementos anuales del salario mínimo deja de recaer en el Estado y pasa a las aseguradoras y a los propios afiliados. Este giro implica que los trabajadores deberán acumular un capital considerablemente mayor para poder jubilarse, lo que, según estimaciones preliminares, podría retrasar la edad de retiro entre 10 y 15 años.
Impacto técnico y económico de la reforma
Desde el punto de vista técnico, las nuevas reglas tendrían un impacto directo en el monto de las mesadas pensionales. Con el nuevo esquema, un afiliado que actualmente recibe una pensión mensual de 1.800.000 pesos podría pasar a recibir alrededor de 1.423.500 pesos, equivalente al salario mínimo proyectado para 2025. A esto se suma el aumento del capital requerido para acceder a una renta vitalicia, lo que impone mayores barreras de acceso a la jubilación y reduce las expectativas de ingreso en la vejez.
El debate institucional alcanzó su punto más álgido el 13 de enero, cuando Mónica Higuera expresó duras críticas sobre las decisiones tomadas al interior de la URF. A través de la red social X, cuestionó el reemplazo de personal técnico altamente especializado y lanzó una advertencia sobre el futuro de la entidad: “Qué horror. ¿Qué personas capacitadas, experimentadas, profesionales y técnicas rigurosas en regulación financiera van a salir?”. Posteriormente, afirmó que la situación representaba “un desastre para la URF y, por supuesto, para el país”, al considerar que los nuevos funcionarios carecen de experiencia en regulación financiera estricta.
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