El Gobierno nacional aprobó la destinación de $74.120 millones para impulsar el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, una iniciativa considerada estratégica por su impacto ambiental y social en una región de aproximadamente 435.000 hectáreas, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena, en el departamento de Bolívar.
La autorización quedó oficializada mediante el Decreto 1300 del 2 de diciembre de 2025, con el cual se viabiliza el presupuesto necesario para que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cumpla con las obligaciones contractuales del megaproyecto y avance hacia su fase constructiva. Con esta decisión, se fortalece uno de los proyectos de restauración ecológica y de infraestructura fluvial más importantes del país, con incidencia directa en 1,5 millones de habitantes de 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre.
Según la ANI, “con la firma del Decreto 1300 del 2 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público viabilizó los recursos que le permitirán a la Agencia Nacional de Infraestructura cumplir con las obligaciones contractuales”.
El acto administrativo establece que los recursos —incluidos dentro del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2025— se desembolsarán para cubrir compromisos asociados a la Unidad Funcional 0 (UF0) del contrato de concesión. Esta unidad comprende actividades iniciales, estudios y fases preparatorias fundamentales para garantizar la futura ejecución de las obras principales.
Una intervención clave para el Caribe colombiano
El presidente de la ANI, Óscar Torres, resaltó que esta aprobación representa un paso decisivo para el proyecto:
“Desde la ANI hemos sido garantes en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y así mismo hicimos las gestiones correspondientes con la dirección del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda para asegurar los recursos en este 2025 para el proyecto del Canal del Dique”.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en la etapa de actividades previas a la construcción, centradas en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Este estudio, cuyo valor asciende a $63.767 millones, deberá ser entregado durante el primer semestre de 2026, como requisito indispensable para la obtención de la licencia ambiental definitiva.
La realización del EIA está a cargo de la concesión Ecosistemas del Dique, liderada por la empresa española Sacyr, en conjunto con el equipo técnico de la ANI y la interventoría del proyecto. Esta fase de estudios es crucial para garantizar que la intervención cumpla con los más altos estándares ambientales y sociales, considerando la complejidad del ecosistema del canal y su influencia en la bahía de Cartagena y en los humedales asociados.
Dos complejos hidráulicos: el corazón del proyecto
Entre las obras más relevantes que contempla el megaproyecto se destacan la construcción de dos complejos hidráulicos, uno en Calamar y otro en Puerto Badel. Estos sistemas incluirán esclusas y compuertas diseñadas para:
Controlar el caudal de agua.
Reducir la intrusión salina proveniente del mar.
Mitigar la erosión de las orillas.
Regular la sedimentación que afecta a las bahías de Cartagena y Barbacoas.
Con estas intervenciones se busca transformar la transitabilidad del canal, mejorar las condiciones para la navegación y, sobre todo, garantizar la restauración ecosistémica, social y económica de los territorios que dependen de su equilibrio hídrico.
“El proyecto viene adelantando actividades para avanzar hacia su fase constructiva en el Estudio de Impacto Ambiental que solicitó la ANLA, el cual se presentará en el primer semestre de 2026”, señala la comunicación oficial de la ANI.
Operación, conservación y gestión del riesgo
De manera paralela a las fases contractuales, el Ministerio de Transporte coordina acciones permanentes de operación y conservación del canal, como dragados de mantenimiento, monitoreo del sistema de diques y aplicación de protocolos de gestión del riesgo para proteger a las comunidades ribereñas que históricamente han sido vulnerables a inundaciones y emergencias.
El alcance territorial del proyecto abarca 115 kilómetros de intervención, consolidándose como una de las apuestas más importantes del Gobierno nacional en materia de recuperación ambiental, infraestructura fluvial y resiliencia climática.
Con la formalización de los recursos y el avance del EIA, el Canal del Dique se encamina a una transformación histórica que promete recuperar ecosistemas, dinamizar la economía regional y mejorar de manera sustancial las condiciones de vida de miles de familias del Caribe colombiano.
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