General (r) Rodolfo Palomino deberá ir a prisión tras condena de la Corte Suprema por tráfico de influencias

El general retirado Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, deberá cumplir siete años de prisión luego de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo declarara responsable del delito de tráfico de influencias. La decisión marca un punto decisivo en uno de los casos más sensibles de interferencia indebida en procesos judiciales de alto perfil.

La Corte concluyó que Palomino intervino de manera irregular en el proceso penal que enfrentaba el reconocido ganadero cordobés Luis Gonzalo Gallo, investigado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos. Gallo había sido capturado por su presunta participación en la compra de más de un centenar de predios despojados por el ‘clan Castaño’, uno de los brazos criminales más poderosos de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia.

La visita que desencadenó el escándalo

Según la sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Caldas Vera, los hechos se remontan al 8 de febrero de 2014. Ese día, Palomino —entonces director general de la Policía— llegó al apartamento de la fiscal Sonia Lucero Velásquez, acompañado por el mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director de la Dijín. El encuentro, realizado sin formalidades ni citación oficial, tuvo un único propósito: intervenir en el proceso contra Gallo.

La propia fiscal Velásquez relató que, momentos antes de la visita, recibió una llamada de Rodríguez Peralta anunciándole que “el procesado Palomino López deseaba verla”. Esa comunicación ocurrió el mismo día en que ella había impartido órdenes de captura y había entregado información operativa clave al coronel Martín Romero, subordinado de Rodríguez.

Ya en su residencia, la fiscal asegura que Palomino habló de Gallo como “una persona honorable”, destacó sus supuestas donaciones y subrayó su cercanía con figuras influyentes como el expresidente Andrés Pastrana, altos directivos del grupo Bavaria y personalidades del sector financiero internacional. Aunque no pidió de forma explícita detener el proceso ni cancelar la orden de captura, la funcionaria expresó que se sintió “presionada institucionalmente” por la jerarquía de su interlocutor y por el contexto inusual de la reunión.

La Corte acogió plenamente esta versión. “La fiscal manifestó sentirse intimidada y presionada por la presencia del general Palomino. Por esa razón, luego de la indagatoria de Gallo Restrepo lo dejó en libertad de manera inmediata, sin corroborar la información presentada por la defensa”, afirmó el alto tribunal en su decisión.

Orden de captura inmediata

Aunque inicialmente la Sala había permitido que Palomino permaneciera en libertad mientras la condena quedaba en firme, el pasado 19 de noviembre se emitió orden de captura inmediata. La determinación no fue unánime: el magistrado Caldas Vera salvó su voto y expuso fuertes reparos jurídicos.

Según su postura, la mayoría “minimiza el carácter excepcional de la privación de la libertad y el principio pro libertatis”. Recordó que la regla general en una condena de primera instancia es permitir que el acusado se mantenga en libertad hasta que la sentencia esté ejecutoriada, y que solo en casos de estricta necesidad procede la detención inmediata.

“No hay motivos lo suficientemente fundados para privarlo de su libertad antes de que la sentencia quede en firme”, señaló el magistrado, subrayando que la gravedad del delito o el mensaje que se pueda enviar a la sociedad “no pueden ser el único criterio”.

De acuerdo con el proceso, será la Sala Penal de la Corte Suprema la encargada de emitir la segunda y definitiva instancia.

Tras conocerse la orden de captura, Palomino aseguró que acata la decisión. “Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta. Esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para atender los requerimientos judiciales como corresponde”, declaró el exoficial.

La condena contra Palomino se suma a las recientes investigaciones que han tocado a altos mandos y oficiales retirados, entre ellos el coronel (r) Juan Carlos Mazo, director de Indumil, señalado de asistir a reuniones con emisarios de disidencias armadas. Para analistas, estos episodios profundizan la preocupación sobre los riesgos de infiltración criminal y el uso indebido del poder en sectores estratégicos del Estado.

Con la sentencia contra Palomino, la Corte Suprema envía un mensaje fuerte: ningún rango, por alto que sea, permite interferir en la autonomía de la Fiscalía ni en el curso de los procesos penales.