El presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció este lunes una nueva medida en el marco de su política exterior humanitaria: el envío de oro incautado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hacia la Franja de Gaza, con el propósito de financiar atención médica para niños y niñas heridos tras el reciente conflicto entre Israel y Hamás.
Petro aprovechó la publicación para insistir en una propuesta que ha expuesto ante distintos foros internacionales: la creación de un “Ejército mundial” bajo el mandato de las Naciones Unidas, que se encargue de la reconstrucción de Gaza y de otras regiones afectadas por conflictos armados. Según el presidente, la comunidad internacional debe asumir una “responsabilidad compartida” en la protección de la población civil y la reconstrucción de la infraestructura devastada.
El anuncio se produce tras el reciente acuerdo de cese al fuego alcanzado entre Israel y Hamás, luego de meses de enfrentamientos que dejaron miles de muertos y heridos, así como una grave destrucción de viviendas, hospitales y escuelas. Petro destacó que la prioridad global debe ser la atención de los niños, principales víctimas del conflicto.
En su mensaje, el mandatario también se refirió a la liberación del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, quien había sido secuestrado por Hamás y regresó recientemente a Israel junto con su esposa. El presidente reveló que el Gobierno colombiano adelantó gestiones diplomáticas reservadas para lograr su liberación y, como reconocimiento a su vínculo con el país, le otorgó la ciudadanía colombiana.
“Todo el cuerpo diplomático colombiano en el Medio Oriente contactó en silencio gobiernos para lograr su liberación. Recibimos carta de Hamás donde se negó su libertad. Creo, y lo dirá él mismo, que logramos una mejor atención de él y espero que haya servido de algo mi ayuda. Su esposa y su hijo siempre han sido recibidos en mi despacho. Espero que Elkana y su familia, como colombianos que son, se vengan a vivir a Colombia”, afirmó Petro.
El mandatario ha mantenido una postura activa y crítica frente a las acciones de Israel en la Franja de Gaza. La semana pasada, condenó la detención de dos ciudadanas colombianas —Manuela Bedoya y Luna Barreto— que viajaban en una embarcación humanitaria como parte de la Flotilla Global Sumud, interceptada por las fuerzas israelíes. En esa ocasión, Petro calificó la operación como “un crimen de carácter internacional” y aseguró que Colombia presentará demandas internacionales “como víctima” y exigirá “indemnizaciones y cárcel para quienes cometieron el crimen en aguas internacionales”.
Posteriormente, la Cancillería colombiana confirmó que las dos mujeres serían liberadas tras gestiones diplomáticas encabezadas por el cónsul Carlos Piñeros en Tel Aviv, bajo la dirección de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. El Ministerio informó que el Consulado acompañó a las compatriotas durante todo el proceso y verificó el respeto de sus derechos.
Actualmente, el Gobierno colombiano coordina con las autoridades de Israel y Jordania el traslado de las dos mujeres hacia territorio jordano, donde serán recibidas por personal consular. De acuerdo con la información oficial, una de ellas regresará a Colombia con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en la región, donde reside de manera permanente.
La decisión de enviar oro incautado a Gaza consolida el enfoque humanitario que ha caracterizado la política exterior del Gobierno de Petro. Desde el inicio del conflicto, el mandatario ha reiterado su intención de que Colombia asuma un papel activo en la reconstrucción del territorio palestino, no solo mediante pronunciamientos diplomáticos, sino también con aportes concretos de cooperación internacional.
El Ejecutivo aclaró que los recursos enviados no afectarán el presupuesto nacional, ya que provienen de bienes decomisados por la Sociedad de Activos Especiales en procesos judiciales contra organizaciones criminales. Según el Gobierno, se trata de una medida simbólica y solidaria que busca transformar los activos del delito en instrumentos de ayuda y reparación para las víctimas de la guerra.
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