La nueva reforma tributaria que presentó el Gobierno de Gustavo Petro busca recaudar 26,3 billones de pesos adicionales para financiar programas sociales y cerrar la brecha de desigualdad en Colombia. Según el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, a pesar de los avances logrados en la tributaria anterior, el nivel de concentración del ingreso en el país sigue siendo muy alto y requiere ajustes en el esquema de impuestos a las personas naturales.
El proyecto, actualmente en discusión, introduce cambios relevantes en las tarifas del impuesto de renta, en la retención en la fuente, en las ganancias ocasionales, en los dividendos, en las deducciones por dependientes, en el impuesto al patrimonio e incluso en el tratamiento de rendimientos financieros. Estas modificaciones impactarían de manera directa a los asalariados, profesionales independientes y contribuyentes de ingresos medios y altos.
Cambios en el impuesto de renta: más contribución desde 8,7 millones mensuales
Uno de los aspectos más sensibles es la propuesta de elevar la tarifa marginal para las rentas superiores a 1.700 UVT, equivalentes a unos 84,6 millones de pesos anuales. Aunque el Gobierno defiende que la medida apunta a quienes tienen mayor capacidad económica, expertos advierten que los efectos se sentirán desde salarios mensuales de 8,7 millones de pesos.
Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, explicó con cálculos concretos cómo operaría la nueva tabla. Partiendo de un salario mensual de 8’656.268 pesos, sumando primas y cesantías, el ingreso anual asciende a 122,2 millones de pesos. Tras descontar aportes a seguridad social (9 por ciento) y aplicar la renta exenta mínima del 25 por ciento, la base gravable llega a 84,6 millones, justo en el umbral de 1.700 UVT que plantea la reforma.
“Esto significa que personas que ganen desde 8,7 millones al mes empezarían a tributar más. Es contradictorio con la promesa inicial de que nadie con ingresos inferiores a 10 millones pagaría un peso adicional”, señaló Reyes.
Juan David Velasco, socio de Impuestos de Baker McKenzie Colombia, agregó que la reforma ajusta las tarifas intermedias: la de 28 pasa a 29 por ciento, la de 33 sube a 35 por ciento y se crea un nuevo escalón del 41 por ciento para ingresos superiores a 31.000 UVT (más de 1.543 millones de pesos al año en 2025).
“En la práctica, asalariados y profesionales con ingresos medios y altos asumirán una mayor carga. El impacto es directo sobre sus salarios, sin importar si provienen de actividad dependiente o independiente”, enfatizó Velasco.
Retención en la fuente: menos ingreso disponible mes a mes
Otro punto clave es el ajuste en la retención en la fuente, mecanismo con el que el Estado recauda de manera anticipada el impuesto de renta. Según César Cermeño, socio del equipo de litigio tributario de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, las tarifas subirían en uno y dos puntos porcentuales dependiendo del nivel de ingreso.
Para quienes ganan entre 7,4 millones y 17,9 millones de pesos mensuales, la retención se incrementaría en 1 por ciento, mientras que para los que superan los 17,9 millones el aumento sería del 2 por ciento.
“Esto significa que muchos trabajadores verán reducido su ingreso neto cada mes. Aunque en la declaración anual el mayor descuento puede compensarse y disminuir el saldo a pagar, en el corto plazo impacta negativamente el flujo de caja personal”, explicó Cermeño.
De acuerdo con cálculos de la Dian, esta medida permitiría incrementar el recaudo en cerca de 940.000 millones de pesos en 2027.
Ganancias ocasionales y dividendos: mayores gravámenes
El proyecto también endurece la tributación sobre ingresos extraordinarios y dividendos. Las ganancias ocasionales derivadas de rifas, loterías y apuestas pasarían de estar gravadas al 20 por ciento a hacerlo al 30 por ciento. Según el Gobierno, la medida busca que quienes acceden a premios de alto valor contribuyan de acuerdo con su capacidad de pago.
En cuanto a los dividendos distribuidos a socios extranjeros, la tarifa de retención subiría del 20 al 30 por ciento. Además, para las ganancias ocasionales derivadas de la venta de activos fijos, el período mínimo de tenencia para acceder a la tarifa reducida del 15 por ciento se ampliaría de dos a cuatro años.
Jaime Enrique Gómez, socio de PHR, señaló que el proyecto también elimina las exenciones históricas que tenían las utilidades obtenidas en la enajenación de inmuebles adquiridos antes de 1978 o entre 1978 y 1986. “Esto implica que quienes vendan esos bienes tributarán como cualquier otro contribuyente”, precisó.
Eliminación de deducciones por dependientes
Uno de los cambios más polémicos es la eliminación de la deducción de 72 UVT por dependiente (hasta un máximo de cuatro) que había sido introducida en la reforma de 2022. Con esta medida, el Gobierno espera recaudar cerca de un billón de pesos adicionales en 2027.
“Hoy una persona podía descontar de su base de renta hasta 3,5 millones de pesos por cada dependiente económico. Esa posibilidad desaparece”, indicó Cermeño.
No obstante, se mantiene la deducción del 10 por ciento de los ingresos laborales brutos, con un tope de 384 UVT anuales por concepto de dependientes. Para el Ejecutivo, se trata de una corrección que elimina abusos y reduce la complejidad del sistema.
Impuesto al patrimonio: más contribuyentes alcanzados
El proyecto también amplía el alcance del impuesto al patrimonio. Actualmente aplica a patrimonios superiores a 72.000 UVT (unos 3.600 millones de pesos), pero con la reforma el umbral bajaría a 40.000 UVT (2.000 millones). Con ello, más de 105.000 contribuyentes quedarían obligados a pagarlo.
Las tarifas también cambian: del 0,5 por ciento para patrimonios entre 40.000 y 70.000 UVT, hasta el 3 por ciento para patrimonios entre 240.000 y 2 millones de UVT. A partir de allí, la tarifa marginal sería del 5 por ciento.
“Hay un golpe claro a la clase media-alta y alta. Familias con patrimonios cercanos a los 2.000 millones, que no necesariamente son grandes fortunas, deberán asumir un nuevo impuesto”, advirtió Diego Márquez, director de MQA Abogados.
Impacto en ahorros e inversiones
Otro cambio relevante es la eliminación del componente inflacionario en los rendimientos financieros. Hasta ahora, los intereses de productos como los CDT se ajustaban con la inflación para determinar la base gravable. Con la reforma, todo el rendimiento quedaría sujeto a impuesto, reduciendo la rentabilidad real de estos instrumentos.
“El efecto es que un inversionista podría no obtener ganancia real después de impuestos. Es un desincentivo al ahorro y a la inversión en instrumentos financieros tradicionales”, explicó Velasco.
Incentivos a la formalización: factura electrónica
En contraste con las medidas de mayor recaudo, el proyecto también incluye un incentivo para ampliar la formalización y reducir la evasión. Se eleva transitoriamente el porcentaje deducible de compras con factura electrónica del 0,5 al 1 por ciento para los años 2026 y 2027, con reducción gradual al 0,25 en 2028.
Según el Gobierno, la medida busca estimular el uso de la factura electrónica, disminuir el manejo de efectivo y mejorar los cruces de información en tiempo real para detectar operaciones ficticias.
Balance general: entre la equidad y la carga sobre la clase media
La nueva tributaria, que será debatida en el Congreso en los próximos meses, plantea un dilema complejo. Mientras el Gobierno defiende que las medidas son necesarias para lograr mayor progresividad y reducir la desigualdad, expertos coinciden en que los efectos recaerán principalmente sobre los asalariados y contribuyentes de ingresos medios-altos.
Para los analistas, la discusión de fondo será determinar si el diseño del sistema logra equilibrar el principio de equidad con el de suficiencia. Es decir, que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan más, pero sin que esto desincentive el ahorro, la inversión y la formalización laboral.
Lo cierto es que, de ser aprobada tal como está, la reforma transformará de manera significativa la relación de los asalariados colombianos con el sistema tributario. Sus ingresos netos, sus inversiones y su patrimonio estarán sujetos a una mayor presión fiscal, en línea con el objetivo del Gobierno de garantizar mayores recursos para programas sociales y redistributivos.
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