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| Rosa Villavicencio y Gustavo Petro |
La cuenta regresiva para que el presidente de Estados Unidos, DonalTrump, decida si Colombia mantiene la certificación en la lucha contra las drogas avanza con un panorama de contrastes para el gobierno de Gustavo Petro. De un lado, se han intensificado los mensajes diplomáticos hacia Washington sobre los avances en la lucha contra el narcotráfico. De otro, el respaldo del Ejecutivo colombiano al régimen de Nicolás Maduro frente a la tensión militar en el mar Caribe podría restar puntos en la evaluación que se dará a conocer entre el 13 y 14 de septiembre.
La certificación antidrogas es un examen anual de la Casa
Blanca que determina si los países son considerados socios confiables en la
lucha contra el narcotráfico. Se valoran aspectos como la reducción de cultivos
ilícitos, la efectividad en la interdicción, la extradición de criminales y el
funcionamiento del sistema de justicia. Pero también pesan factores políticos,
como la alineación diplomática y la confianza bilateral.
Consciente de ello, el gobierno colombiano ha desplegado en
las últimas semanas una ofensiva diplomática en dos direcciones. Por un lado,
la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada en
Washington han resaltado las cifras recientes de incautaciones, desarticulación
de redes criminales y extradiciones. Por otro, el Ejecutivo ha asumido una
posición crítica frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe,
lo que lo ha acercado políticamente al presidente venezolano Nicolás Maduro,
acusado por Washington de encabezar el llamado Cartel de los Soles.
Los números en la vitrina
La estrategia oficial ha puesto en primer plano los golpes
recientes a la cadena del narcotráfico. En lo corrido del año, Colombia ha
incautado 328 toneladas de cocaína, destruido 2.486 laboratorios y capturado a
183 extraditables, además de entregar a 177 delincuentes a Estados Unidos y
otros países.
“Son más que cifras o récords que no se registraban desde
hace 20 años. Son el resultado del trabajo diario de los 186.000 policías de
Colombia en selvas, montañas, mares, ríos, carreteras, puertos y aeropuertos”,
afirmó el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, en la
apertura de la XXXIX Conferencia Internacional de Control de Drogas, realizada
recientemente en Nashville, Estados Unidos.
El oficial también subrayó que, además del ‘Clan del Golfo’, una de las estructuras más golpeadas ha sido el Tren de Aragua, con 163 integrantes capturados.
Sin embargo, uno de los puntos más débiles en la evaluación
es la erradicación de cultivos ilícitos. La meta era eliminar 30.000 hectáreas
este año, pero hasta la fecha solo se han erradicado poco más de 3.000. En el
propio gobierno reconocen que el objetivo no se cumplirá.
“La certificación no es un asunto de pálpito, es de
resultados. Colombia ha cumplido con los criterios establecidos en la ley y en
los compromisos asumidos, que van mucho más allá de la erradicación”, defendió
el embajador en Washington, Daniel García-Peña.
El escenario de un “waiver”
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de
Comercio Colombo Americana (AmCham), advirtió que la descertificación puede
tener tres niveles: severa, intermedia o con exención. Este último, conocido
como waiver, concede un plazo adicional de 12 meses para reforzar las acciones
contra el narcotráfico.
“Colombia podría solicitar a Estados Unidos un waiver, que
le permita mostrar avances adicionales y evitar impactos más fuertes en la
relación bilateral”, sostuvo Lacouture.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio
Jaramillo Jassir, se mostró optimista sobre un acuerdo con Washington.
“Seguramente vamos a encontrar una manera de que sigamos cooperando. Yo creo
que las salidas unilaterales afectan tanto a Colombia como muy seguramente a
Estados Unidos”, dijo en entrevista con este diario.
El factor Venezuela
El principal ruido en esta coyuntura proviene de la
política exterior. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro negó la
existencia del Cartel de los Soles, pese a que investigaciones internacionales
han documentado nexos de militares venezolanos con las FARC y el cartel de
Sinaloa. Maduro aprovechó esas declaraciones para reivindicarse políticamente
frente a la comunidad internacional.
Para AmCham, “el apoyo diplomático a regímenes como el de
Venezuela genera escepticismo frente al compromiso del Estado colombiano”. El
excanciller Julio Londoño Paredes también lo advirtió: “Naturalmente, una
actitud de esas características sí puede tener influencia en la decisión que
tome el presidente Trump”.
La canciller Rosa Villavicencio convocó esta semana a los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para rechazar el despliegue militar estadounidense en el Caribe. “Que la Celac se pronuncie con firmeza rechazando cualquier eventual intervención militar en un país miembro, por ser contraria a la Carta de las Naciones Unidas y a nuestra proclama de zona de paz”, declaró.
La posición fue criticada en sectores políticos nacionales.
El expresidente César Gaviria advirtió que “Colombia tiene que ser capaz de
tomar distancia del señor Maduro. Yo no he visto acción más desafortunada que
la del presidente Petro, siendo solidario con él. Ya hablan en nombre de
nosotros también. Maduro se siente en libertad de decirnos qué debemos hacer, y
eso es un despropósito mayúsculo”.
Una decisión política y estratégica entre la cooperación y la tensión
En Washington, la certificación antidrogas no solo mide
cifras, también evalúa señales de confianza y compromiso político. La
percepción de que Colombia refuerza sus vínculos con Maduro, un gobernante
enfrentado abiertamente a la administración Trump, puede incidir en la
decisión.
Expertos coinciden en que la Casa Blanca tiene margen para usar la certificación como herramienta diplomática. Una descertificación severa sería un golpe a la cooperación bilateral en seguridad, pero una exención o un dictamen intermedio enviarían un mensaje de advertencia sin romper los puentes.
Colombia enfrenta así un dilema complejo: reafirmarse como
aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, mientras al
mismo tiempo se solidariza con un régimen acusado de tener vínculos con el
narcotráfico y señalado como adversario de Washington.
En menos de dos semanas se sabrá si la estrategia de
mostrar resultados contundentes en incautaciones y extradiciones pesa más que
las tensiones políticas derivadas del respaldo a Caracas. Hasta entonces, la
diplomacia colombiana seguirá moviéndose en un terreno frágil, intentando
blindar una certificación que resulta vital no solo para la cooperación en
seguridad, sino también para la estabilidad de la relación bilateral.
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