La
determinación, contenida en un fallo de tutela firmado por el magistrado Leonel
Rogeles Moreno, dispone que el juzgado accionado expida de manera inmediata
la boleta de libertad a favor de Uribe. Según el documento, la medida busca
garantizar los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido
proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad del expresidente.
Argumentos de la defensa
En el
recurso presentado, la defensa de Uribe cuestionó que se hubiera ordenado la
captura sin que la sentencia de primera instancia quedara en firme, dado que el
proceso aún se encuentra bajo apelación. “Se privó de la libertad al procesado
cuando existía un recurso pendiente de resolución”, señala la decisión del
magistrado Rogeles, al resumir los argumentos de la tutela.
Los
abogados del exmandatario también expresaron su inconformidad con la
afirmación, incluida en el fallo inicial, que sostenía que la defensa había
recurrido a “estrategias dilatorias sistemáticas” para retrasar el juicio.
Según el escrito, esa apreciación no se encuentra sustentada y no corresponde a
la realidad procesal.
De
acuerdo con la defensa, el proceso se ha desarrollado dentro de un plazo
razonable: el escrito de acusación fue radicado el 9 de abril de 2024 y la
sentencia de primera instancia se conoció el 1° de agosto de 2025. Durante ese
lapso, se realizaron dos sesiones de audiencia, en las cuales se resolvieron
dos solicitudes de nulidad —rechazadas de plano— y un recurso de queja. “No
hubo maniobras dilatorias, sino el ejercicio legítimo de los recursos previstos
en la ley”, argumentaron los apoderados de Uribe.
Próximos pasos judiciales
Con esta
decisión, el expresidente Uribe recupera temporalmente su libertad mientras se
define el recurso de apelación en segunda instancia. El Tribunal Superior de
Bogotá deberá pronunciarse en los próximos meses sobre la validez del fallo
condenatorio emitido por el Juzgado 44 Penal.
El caso
ha generado un intenso debate jurídico y político en el país, dado que se trata
de la primera condena en contra de un expresidente en la justicia ordinaria.
Mientras los sectores cercanos a Uribe celebran la medida como un acto de
respeto al debido proceso, sus críticos consideran que se trata de una
estrategia para dilatar el cumplimiento de la sentencia.
Por
ahora, el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez queda en manos de la sala penal
del Tribunal, que deberá resolver en segunda instancia el recurso interpuesto.
La decisión será determinante para establecer si se confirma la condena o si,
por el contrario, se abre un nuevo escenario procesal para el exmandatario.
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