La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó este lunes 4 de agosto una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el objetivo de suspender la sentencia proferida el pasado 1° de agosto por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Según el documento judicial, de 91 páginas, el equipo jurídico encabezado por el penalista Jaime Granados argumenta que la decisión judicial vulneró gravemente los derechos fundamentales del exmandatario, entre ellos la presunción de inocencia, el debido proceso, la dignidad humana y la libertad, al ordenar una privación inmediata de su libertad pese a que la condena aún no está en firme.
“En caso de que ya se haya dado cumplimiento al referido numeral cuarto de la sentencia del primero de agosto de 2025, ordenar a quién corresponda el restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto se proceda a resolver de fondo la presente solicitud de protección constitucional”, se lee en el texto presentado al tribunal.
La defensa del líder natural del partido Centro Democrático insiste en que la jueza Heredia incurrió en “serios vicios de motivación” y desconoció precedentes jurisprudenciales claves como las sentencias SU-220 de 2024, STP5495-2023 y STP732-2025, que establecen límites al uso de medidas privativas de la libertad antes de que una condena quede en firme.
“La decisión adoptada por la jueza Heredia trasgrede de forma grave los derechos fundamentales al ordenar una detención anticipada, arbitraria y contraria a la dignidad humana, basada en una supuesta necesidad de proteger a la sociedad del daño causado por el delito, aun cuando este no ha sido plenamente definido por la justicia”, advierte la tutela.
Asimismo, la defensa señala que la jueza trajo a colación un fallo de la Sala de Casación Penal (SP1151-2024) para justificar su decisión, a pesar de que en ese caso no se profirió orden de captura, sino que se accedió directamente al subrogado de prisión domiciliaria, sin que ello implicara la ejecución anticipada de la pena.
El equipo jurídico de Uribe solicita como medida provisional que se suspenda la ejecución de la condena mientras se estudia de fondo la acción de tutela, lo que permitiría al expresidente recobrar su libertad en el corto plazo.
Este nuevo capítulo se suma a uno de los procesos judiciales más complejos y prolongados de la historia reciente del país. El caso contra el expresidente Uribe, que inició hace más de 13 años, ha pasado por múltiples etapas y cambios de jurisdicción, y ha generado intensos debates en la opinión pública, el sistema judicial y la arena política nacional.
De acuerdo con los tiempos procesales, el Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta octubre de 2025 para pronunciarse sobre la tutela. En caso de ratificarse la condena, cualquiera de las partes podría interponer un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que contaría con un plazo de cinco años para emitir un fallo definitivo.
Por ahora, el expresidente Uribe Vélez permanece bajo detención domiciliaria, mientras su equipo legal agota los recursos jurídicos para lograr su liberación y revertir la decisión de primera instancia. El desenlace de este caso tendrá profundas implicaciones tanto en el ámbito judicial como político del país.
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