El Gobierno nacional oficializó la expedición del Decreto 0949 de 2025, con el cual se ordena la suspensión estricta de las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel, una decisión que, según el Ejecutivo, busca impedir que los recursos naturales del país terminen vinculados a la maquinaria de guerra en la Franja de Gaza.

El anuncio fue presentado en Bogotá por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la firma de la ministra Diana Marcela Morales Rojas, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. La medida se enmarca en la política exterior del presidente Gustavo Petro, orientada al respeto de los derechos humanos y a la defensa de la población civil en escenarios de conflicto.

Detalles del decreto

El Decreto 0949, fechado el 28 de agosto, modifica la norma previa 1047 de 2024 y establece la prohibición total y sin excepciones de exportar carbón colombiano a Israel. La decisión surge tras la intensificación de operaciones militares israelíes en territorio palestino desde el 18 de marzo de este año, lo que provocó, según cifras recogidas en el documento oficial, 680.000 desplazados, 5.334 muertos y 17.839 heridos palestinos entre marzo y junio de 2025.

El decreto también compila estadísticas del periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2025, en el cual se contabilizan 55.637 palestinos asesinados y 129.880 heridos a causa de las ofensivas israelíes. El texto alerta, además, sobre el incremento de muertes en personas que intentaban acceder a suministros básicos de alimentos y ayuda humanitaria.

La norma tendrá vigencia hasta que se cumplan las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o hasta que desaparezcan las condiciones que motivaron la restricción.

Consulta pública y respaldo ciudadano

Antes de ser expedida, la propuesta fue sometida a consulta pública entre el 28 de julio y el 15 de agosto de 2025. Durante ese periodo, organizaciones sociales, gremios y ciudadanos presentaron observaciones que, según el Gobierno, fueron analizadas e incorporadas en la versión final del decreto.

Con ello, la administración Petro buscó garantizar transparencia y legitimidad en una decisión que impacta tanto en el plano económico como en el diplomático, considerando que Israel figura entre los destinos de exportación de carbón colombiano en la región del Mediterráneo.

Fundamentos de la decisión

El decreto se fundamenta en tres pilares:

Respeto a las normas internacionales: El Ejecutivo subrayó que las acciones en Gaza constituyen una grave violación a principios imperativos del Derecho Internacional, entre ellos la prohibición del genocidio, el uso de la fuerza y el desconocimiento de normas del Derecho Internacional Humanitario. Colombia, como firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, está obligada a adoptar medidas para evitar y sancionar este tipo de conductas.
Protección de los derechos humanos: El Gobierno enfatizó la prioridad de salvaguardar la vida y la dignidad de la población civil, con especial atención en los derechos de niños, niñas y adolescentes, que gozan de prevalencia constitucional.
Coherencia internacional: La medida responde a la necesidad de mantener una postura consistente en la política exterior. Colombia, que recientemente fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027, debe asumir un papel activo en la defensa de los principios humanitarios y en el fortalecimiento del sistema multilateral.

En este sentido, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, declaró:

“Esta decisión responde a un análisis exhaustivo y a la necesidad de evitar que el carbón colombiano contribuya a las actividades militares de Israel que, de acuerdo con organismos internacionales y como lo ha explicado el presidente Petro, vulneran principios y derechos fundamentales en la Franja de Gaza”.

Marco jurídico y comercio internacional

El Gobierno aseguró que la suspensión de exportaciones está amparada en los compromisos multilaterales y bilaterales de Colombia. En el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las medidas excepcionales están contempladas en contextos de protección de la moral pública y en situaciones de guerra o grave tensión internacional.

De igual forma, en los acuerdos comerciales bilaterales firmados con Israel se reconocen excepciones similares, incluidas las de seguridad nacional, lo que le da sustento jurídico a la decisión de Bogotá sin que se configure incumplimiento de obligaciones internacionales.

Colombia también apeló a su condición de Estado miembro de la Carta de las Naciones Unidas, que prevé medidas colectivas para prevenir y eliminar amenazas a la paz, así como de la Convención para la Prevención del Genocidio, que obliga a los países a adoptar acciones concretas frente a contextos de exterminio.

Implicaciones y reacciones

La medida supone un giro relevante en las relaciones comerciales entre Bogotá y Tel Aviv, marcadas en los últimos años por el flujo de bienes minero-energéticos, entre ellos el carbón. Si bien el Gobierno no detalló la magnitud exacta del impacto económico, expertos señalan que la decisión refuerza el carácter político y ético de la diplomacia colombiana, incluso a costa de eventuales pérdidas en el sector exportador.

Analistas en comercio internacional advierten que, aunque Israel no es uno de los principales destinos del carbón colombiano comparado con Europa o Asia, la decisión se inscribe en una línea de política exterior que privilegia los derechos humanos sobre las utilidades económicas.

Una señal hacia la comunidad internacional

Con esta medida, el Gobierno Petro busca enviar un mensaje claro a la comunidad internacional: Colombia no permitirá que sus recursos contribuyan a prolongar un conflicto que, según las cifras recogidas en el propio decreto, ha dejado un saldo devastador en Gaza.

La decisión, más allá de su dimensión comercial, constituye un gesto de alineamiento con los principios humanitarios universales y un intento de presionar, desde lo económico, hacia una salida negociada que garantice la protección de la población civil.

En palabras de un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, la suspensión de exportaciones de carbón a Israel “ratifica la convicción del país de que la defensa de la vida y la dignidad humana está por encima de cualquier interés económico o estratégico”.