El alto tribunal deberá determinar si durante el trámite legislativo de la ley se incurrió en los presuntos vicios de procedimiento denunciados por la oposición, un examen que no solo tendrá repercusiones jurídicas, sino también un peso político considerable sobre el futuro del sistema pensional colombiano.
Una revisión esperada desde 2024
El control constitucional sobre la reforma se originó en agosto de 2024, cuando la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia interpuso una demanda en la que pidió la nulidad de la ley por supuestas irregularidades en su aprobación en el Congreso.
La Corte Constitucional admitió la demanda y, desde entonces, ha solicitado al Congreso de la República múltiples documentos y registros para verificar la validez del procedimiento legislativo.
En junio de 2025, el alto tribunal decidió devolver la reforma a la Cámara de Representantes tras identificar un vicio de trámite que debía ser corregido. Ante esta determinación, el Gobierno convocó sesiones extraordinarias con el objetivo de subsanar los errores señalados; sin embargo, nuevas denuncias de inconsistencias en las actas de dichas sesiones complicaron el panorama jurídico.
El despacho del magistrado Ibáñez debió requerir repetidamente los documentos oficiales a la Cámara, incluso con la emisión de un ultimátum, mientras el Legislativo pedía prórrogas alegando “dificultades administrativas”.
Impedimentos, recusaciones y tensiones institucionales
El debate en la Corte se ha visto atravesado por un ambiente de tensión debido a los impedimentos y recusaciones presentados contra algunos magistrados.
Uno de los casos más recientes fue el del magistrado Carlos Camargo, quien presentó un impedimento por un posible conflicto de interés. No obstante, la Sala Plena, en decisión adoptada el 1 de octubre, consideró infundada la solicitud, por lo que Camargo podrá participar en la deliberación.
Aún están pendientes de resolución dos recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue ternado por el presidente Petro y, además, se desempeñó como su abogado personal antes de llegar al alto tribunal.
La primera recusación fue interpuesta por el concejal Daniel Briceño, quien argumentó que Carvajal había suscrito contratos de asesoría jurídica con Colpensiones, entidad directamente involucrada en la reforma.
La segunda, presentada por la senadora Paloma Valencia, se fundamenta en los mismos hechos y señala que los contratos de prestación de servicios firmados en 2024 y 2025 incluían la elaboración de conceptos jurídicos sobre temas pensionales.
Aunque la Corte aún no ha decidido sobre estos incidentes, las recusaciones han alimentado el debate público acerca de la independencia judicial y la relación entre el Gobierno y el alto tribunal, en medio de un proceso considerado de “alto impacto político y social”.
Tres posibles caminos jurídicos
El examen que realizará la Corte Constitucional se centrará exclusivamente en la validez del trámite legislativo, no en la conveniencia o contenido económico de la reforma.
De acuerdo con la jurisprudencia vigente, existen tres escenarios posibles para la decisión que adoptarán los magistrados:
Declaración de exequibilidad.
Si la Corte concluye que el trámite cumplió los requisitos constitucionales, la ley será declarada exequible, lo que permitirá su entrada en vigor conforme al cronograma previsto por el Ministerio de Trabajo y Colpensiones.
Inexequibilidad total
En caso de comprobarse un vicio grave e insubsanable, la norma podría ser declarada inconstitucional en su totalidad. Esto significaría que la reforma quedaría sin efectos jurídicos y se mantendría el actual sistema pensional, basado en los regímenes de Colpensiones y fondos privados.
Inexequibilidad parcial o diferida
Si los errores detectados afectan únicamente algunos artículos, la Corte podría optar por una declaratoria parcial, o bien, otorgar un plazo al Congreso para corregirlos. Esta fórmula busca preservar la estabilidad institucional y evitar vacíos legales en la política pública.
Una decisión con impacto político
La sesión del martes 14 de octubre se perfila como una de las más relevantes del año judicial. La decisión final podría definir el rumbo de una de las principales banderas sociales del Gobierno Petro, que busca establecer un sistema de pilares combinando recursos públicos y privados para garantizar una pensión mínima a millones de trabajadores.
Fuentes cercanas al alto tribunal señalan que la ponencia del magistrado Ibáñez propondría mantener la validez del trámite legislativo, aunque con observaciones sobre las irregularidades detectadas, lo que abriría la puerta a una eventual exequibilidad condicionada.
El fallo, que se conocería en las semanas posteriores al debate, marcará un punto decisivo tanto en el futuro del sistema pensional colombiano como en el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Constitucional.
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