*Mientras el presidente Gustavo Petro responsabiliza a las comercializadoras por el alza en las tarifas del gas, los recientes movimientos de Ecopetrol revelan que el incremento responde a factores estructurales del mercado y a decisiones tomadas por el propio Gobierno.
La controversia por el alza de las tarifas del gas en Colombia ha escalado en los últimos días tras conocerse que Ecopetrol, responsable del 85% de la producción nacional de gas, aumentó en 34% el precio de venta del combustible a los distribuidores para 2026, llevando la cifra a US$9,80 por millón de BTU, frente a los US$5,23 del año anterior. Esta decisión contradice el argumento del presidente Gustavo Petro, quien había responsabilizado a las generadoras y comercializadoras por el alza tarifaria.
La medida tomada por la petrolera estatal se alinea con los precios internacionales y, según estimaciones del mercado, podría representar aumentos en las tarifas del gas entre el 10% y el 50%, afectando a hogares, industrias y el sector del transporte.
Producción en descenso y contratos reducidos
A la par del aumento de precios, Ecopetrol también renovó solo el 30% de los contratos de suministro que vencen en noviembre de 2025, comprometiendo menos de un tercio de los 180 GBTUD que abastecen el mercado. La empresa justificó esta decisión señalando la caída de la producción en los campos del Piedemonte Llanero y la suspensión de proyectos en el Magdalena Medio, debido a disposiciones gubernamentales.
En abril de 2025, la producción comercializada de gas natural se ubicó en 809 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), lo que representa una caída del 19,2% frente al mismo mes de 2024, según cifras de Enercer S.A. Se trata del nivel más bajo en más de una década.
Este contexto ha llevado a que muchos sectores califiquen la situación como una crisis energética en gestación. En contraste con la versión oficial que acusa a los intermediarios de especulación, los actores del sector energético sostienen que el alza es consecuencia del declive en los campos de producción y la necesidad de importar gas, lo que inevitablemente eleva los costos.
Un análisis publicado por El Nuevo Siglo prevé que el impacto se traducirá en un incremento tarifario del 10% para los segmentos regulados, 30% en gas vehicular y más del 50% en industrias de gran consumo.
Advertencias desde el sector energético
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), alertó sobre la crítica situación estructural del sector, recordando que el país cuenta con menos de seis años de reservas probadas y está en camino de una mayor dependencia de las importaciones. “Se necesitan medidas urgentes para garantizar la autosuficiencia energética”, dijo Pearl en entrevista con medios nacionales.
Según proyecciones de la ACP, de no tomarse medidas correctivas, el déficit de gas en Colombia podría alcanzar el 50% en 2030, con aumentos tarifarios de hasta 42%. Pearl propuso “conectar mejor la oferta y la demanda, optimizar tarifas de transporte y resolver cuellos de botella en infraestructura”.
En la reciente ronda de ventas de Ecopetrol, los contratos a futuro firmados con usuarios residenciales y pequeños comercios también se encarecieron. Donde antes se pactaban precios de USD7,3 por millón de BTU, ahora se firmaron acuerdos que reflejan el nuevo nivel tarifario.
Una fuente del sector consultada por la prensa criticó duramente la posición del Gobierno y de la Superintendencia de Servicios Públicos. “Mientras presionan a los comercializadores privados por los aumentos, Ecopetrol sube el precio del gas nacional casi 35% sin escándalo público. Advertimos hace dos años que el gas iba a escasear y que habría que importar. Ahora Ecopetrol sube el precio y no pasa nada”.
La demanda crece, pero la oferta se estanca
Durante el Foro de Gas organizado por la Bolsa Mercantil de Colombia, su presidenta, María Inés Agudelo, hizo un llamado a la acción. Allí se presentaron proyecciones que revelan un déficit de oferta estimado del 20% para 2026, equivalente a unos 206 GBTUD.
Agudelo precisó que ese déficit podría reducirse al 10% mediante mecanismos como declaraciones de importación y la reactivación de contratos firmes a través de resoluciones de la CREG, lo que dejaría un déficit final de aproximadamente 98 GBTUD. Sin embargo, advirtió que “reducir el déficit no se puede hacer de la noche a la mañana, se requieren políticas públicas bien diseñadas y tiempo para su implementación”.
La presidenta también se refirió al desfase entre las intenciones del Gobierno y la realidad del mercado energético: “Entiendo el afán del presidente por acelerar la transición energética, pero eso no se ejecuta de un día para otro. Se necesita una política gradual y complementaria con las fuentes disponibles”, subrayó.
Finalmente, Agudelo planteó que Colombia debería considerar alternativas como el gas licuado del petróleo (GLP), el biogás o el biometano para complementar la oferta nacional. De lo contrario, la única opción será importar gas a precios internacionales, con el consecuente impacto en la economía de hogares y empresas.
Con estos elementos sobre la mesa, la narrativa oficial sobre el alza en las tarifas de gas enfrenta crecientes cuestionamientos. Mientras tanto, los colombianos deberán prepararse para un panorama energético más costoso e incierto, en medio de una transición que parece avanzar sin una hoja de ruta clara.
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