Un grupo de 25 empresarios antioqueños presentó una denuncia formal por lo que consideran una de las estafas más graves del sector minero en los últimos años. Según sus declaraciones, invirtieron una suma superior a los $45.000 millones en operaciones de compra y exportación de oro, a través de una compañía que prometía rendimientos sostenibles y respaldo logístico en Estados Unidos.
El esquema comenzó a consolidarse en 2022, cuando la firma —con sede en Medellín y presuntas conexiones internacionales— ofrecía acceso preferencial a mercados de lingotes y derivados auríferos. La promesa incluía garantías notariales, custodia en bóvedas externas y contratos con refinerías extranjeras. Sin embargo, con el paso de los meses, los pagos comenzaron a dilatarse y las respuestas se volvieron escasas.
Los afectados afirman que nunca recibieron el oro ni el retorno financiero pactado, y que los documentos entregados por la empresa estarían siendo analizados por peritos financieros y penalistas. La Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación preliminar por presunto fraude agravado, en la que también participan la Superintendencia de Sociedades y la DIAN para esclarecer el manejo de activos e importaciones relacionadas.
Aunque los nombres de los empresarios y de la compañía implicada no han sido divulgados oficialmente, se conoce que varios de los inversionistas provienen de sectores industriales y comerciales del Valle de Aburrá. La afectación va más allá del dinero perdido, pues compromete patrimonios familiares y contratos bancarios que, en algunos casos, aún están vigentes.
El caso genera especial interés en la región, dado el auge reciente de inversiones alternativas y la promoción de commodities como refugio de capital ante la volatilidad económica. Expertos en derecho financiero advierten sobre la falta de regulación clara en algunas transacciones internacionales de metales, y recomiendan mayor control en el origen y trazabilidad de empresas emergentes que operan en este sector.
Se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias judiciales y se cite a comparecer a representantes legales del esquema denunciado. Los empresarios han solicitado medidas cautelares para preservar cualquier evidencia financiera que permita recuperar parte del capital perdido. La situación mantiene en alerta a gremios económicos de Antioquia, ante el temor de que haya más personas afectadas en silencio.
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