La reforma laboral, una de las piezas legislativas más ambiciosas del gobierno del presidente Gustavo Petro, se convirtió en ley este miércoles 25 de junio durante un acto protocolario en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. A menos de unas horas de la firma presidencial, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la próxima semana comenzará la fase reglamentaria: “El Ministerio empezará a tomar las decisiones que corresponden a la implementación de la ley”, anunció. Se trata de la etapa clave para traducir el articulado —aprobado tras complejas negociaciones en el Congreso— en decretos concretos que indiquen cómo, cuándo y a qué ritmo deberán cumplirse las nuevas obligaciones que recaen sobre empleadores y el Estado.
Según el titular de la cartera laboral, los primeros decretos estarán listos pocas horas después de la promulgación. El objetivo es fijar los plazos exactos para que cada disposición cobre efecto: “A partir de la expedición de la ley, vamos a expedir los decretos reglamentarios e inmediatamente entrará a operar el pago nocturno, el pago del 100 % por dominicales y festivos, y todo lo que está dispuesto en la reforma”, precisó Sanguino. No obstante, advirtió que la implementación será progresiva; mientras algunas medidas regirán de manera inmediata, otras requerirán adaptaciones técnicas o presupuestales tanto en el sector público como en el privado.
El Ministerio también reforzará su capacidad de inspección con 33 direcciones territoriales y equipos móviles que cubrirán todos los departamentos. “Tenemos una Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para recibir quejas y intervenir en los conflictos laborales de manera preventiva, pero también reactiva”, explicó el ministro. Las empresas que vulneren derechos laborales o incumplan los nuevos recargos se exponen a multas que pueden superar los 5.000 salarios mínimos, además de la suspensión de contratos estatales. “Haremos uso de la capacidad sancionatoria cuando se violen las normas laborales, en particular esta reforma”, enfatizó Sanguino.
Jornadas, recargos y la redefinición del tiempo de trabajo
Uno de los cambios más sensibles es la ampliación del recargo nocturno. Hoy se reconoce desde las 9:00 p.m.; la ley lo adelantará a las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., lo que se traducirá en un mayor ingreso para los trabajadores que cubren turnos vespertinos o madrugadas. La decisión responde a un reclamo histórico de sindicatos que argumentan el alto impacto en la salud y la seguridad de quienes laboran de noche.
En paralelo, el recargo dominical escalará gradualmente hasta llegar al 100 %. Al promulgarse la ley subirá del 75 % al 80 %; al cumplir un año, llegará al 90 %; y dos años después alcanzará la totalidad del salario diario adicional. De esta manera, se busca “reconocer económicamente el sacrificio familiar y social de trabajar un día tradicionalmente destinado al descanso”, según la exposición de motivos.
La jornada ordinaria se mantiene en ocho horas diarias y 42 semanales, descartando el esquema “4x3” (cuatro días de trabajo por tres de descanso) que impulsaba un sector empresarial. Para el Gobierno, la modalidad tradicional resulta “más estable” en términos de productividad y salud mental.
La reforma blinda la estabilidad con el contrato a término indefinido como forma de vinculación predilecta. Los contratos a término fijo solo podrán prorrogarse hasta cinco años; superado ese límite —o ante prórrogas sucesivas que encubran permanencia— la relación se convertirá en indefinida. Los contratos por obra o labor quedarán restringidos a tareas estrictamente excepcionales, evitando su uso para funciones permanentes.
Otra novedad es la reincorporación plena de los aprendices del Sena al régimen laboral. Estos jóvenes recibirán el 75 % del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 100 % en la práctica productiva, con cotización integral a salud, pensiones y riesgos, además de prestaciones sociales. Las compañías que incumplan enfrentarán fuertes sanciones.
El articulado regula el teletrabajo y contempla modalidades híbridas, autónomas, ocasionales y transnacionales, garantizando el derecho a la desconexión y equiparando el auxilio de conectividad al de transporte. Asimismo, introduce un incentivo ecológico: quienes demuestren uso frecuente de la bicicleta para desplazarse a su lugar de trabajo obtendrán un día de descanso remunerado cada seis meses.
La ley ordena la formalización gradual de madres comunitarias y sustitutas, históricamente excluidas de los regímenes laborales, garantizando acceso a salarios dignos, seguridad social y prestaciones. Además, obliga al Estado a diseñar en los próximos meses una política de reconversión laboral frente a la automatización y la inteligencia artificial, con programas de capacitación que prevengan la obsolescencia de oficios.
Negociación colectiva y pulso político
El texto también moderniza los procedimientos para la negociación colectiva y fortalece el derecho a la huelga, buscando agilizar el diálogo social y reducir la conflictividad judicial. Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de tensiones: el presidente Petro arremetió la semana pasada contra empresarios y congresistas que se opusieron al proyecto —“no son muy inteligentes”—, frase que avivó la polarización en torno a la reforma.
Con la sanción presidencial inminente, el éxito de la norma dependerá de la agilidad del Ejecutivo para expedir los decretos y de la capacidad del Ministerio de Trabajo para hacerlos cumplir. Para el ministro Sanguino, la prioridad es clara: “Garantizar que los beneficios lleguen al bolsillo de los trabajadores y que ningún empleador quede por fuera de la ley”. La cuenta regresiva comenzó y, con ella, el desafío de convertir un extenso articulado en cambios tangibles para millones de colombianos.
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