"Cesó la horrible noche": CREG tumba régimen que encarecía la energía en la Costa y alivia bolsillos

 

*El fallo de una Acción Popular obliga a reformular el componente de comercialización y elimina cobros adicionales que solo se aplicaban en la región. Se estima un ahorro de hasta un billón de pesos a nivel nacional.

A partir de los meses de agosto y septiembre, más de 2,7 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica en la región Caribe comenzarán a notar una reducción significativa en sus facturas mensuales. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó de manera definitiva una reforma en el esquema tarifario, dando cumplimiento a una Acción Popular fallada por el Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenaba desmontar el régimen tarifario especial que castigaba a esta zona del país desde 2019.

La decisión implica una reformulación del componente de comercialización, que se traducirá en una disminución estimada de $54 por kilovatio hora para los usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y de $23 por kWh para los clientes de Afinia en Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar. En términos económicos, el alivio representa una reducción total cercana a los $396.000 millones anuales en la región.

El personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, celebró la medida como un triunfo frente a lo que calificó como un “abuso mensual de tarifas impagables”. Añadió que espera que la Creg no agote el plazo máximo de 30 días hábiles para emitir el acto administrativo correspondiente, de modo que el alivio comience a verse reflejado en las facturas lo antes posible.

Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, calificó esta decisión como un logro histórico resultado de años de movilización social y presión por parte de organizaciones, gremios, autoridades locales y la ciudadanía. “La derogatoria del régimen tarifario especial que venía castigando a los usuarios del Caribe es el resultado de una lucha colectiva. Las fuerzas vivas de la región alzaron su voz frente a una norma que convirtió las tarifas en algo impagable”, afirmó.

Según Alarcón, fue la Acción Popular impulsada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha la que logró “romper el nudo gordiano” del sistema tarifario injusto, gracias a las medidas cautelares adoptadas por el magistrado Jorge Eliécer Fandiño del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Con la reforma, las empresas Air-e y Afinia ya no podrán trasladar a los usuarios costos por robos de energía, inversiones futuras no ejecutadas, primas de riesgo, ni el 20 % adicional en gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM), prácticas que hasta ahora se aplicaban únicamente en la Costa Caribe.

A pesar del alivio que representa esta medida, Alarcón advirtió que aún persisten retos estructurales que amenazan la sostenibilidad del servicio eléctrico. “No basta con reducir las tarifas; se necesita transparencia y soluciones de fondo. La crisis financiera de Air-e sigue latente, con una deuda cercana a 1.5 billones de pesos con los generadores, y aún se mantiene el cobro de la opción tarifaria, que ya fue cancelada por los usuarios”, expresó.

También lamentó que no se hayan revelado los resultados de la auditoría forense anunciada por el actual ministro de Minas, Edwin Palma, cuando ejercía como agente interventor. “Aún hay muchos interrogantes sin resolver”, concluyó.

Los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha fueron determinantes en este proceso, al denunciar públicamente los cobros excesivos autorizados por el régimen transitorio tarifario creado en 2019. Entre los recargos que ahora se eliminan destacan el 20 % adicional por AOM, el sobrecosto por pérdidas no técnicas —como el robo de energía— que ascendía a $90 por kWh, y los 300 puntos básicos por morosidad que se aplicaban exclusivamente a los usuarios del Caribe.

Aunque el cambio beneficiará directamente a los usuarios de la Costa, su impacto se extenderá al resto del país. La Creg estima que la reformulación del componente de comercialización podría representar un ahorro cercano a un billón de pesos al año para todos los usuarios del servicio de energía en Colombia.

Esta resolución se enmarca en una serie de medidas regulatorias adoptadas por la Creg desde 2024, dirigidas a corregir distorsiones en el mercado eléctrico. Entre estas figuran la flexibilización de inversiones por parte de operadores, la convocatoria a subastas de energía firme y nuevos incentivos para la compra de energía más económica por parte de empresas comercializadoras bajo intervención estatal.

Los personeros que lideraron el proceso agradecieron el respaldo de gremios, universidades, congresistas y organizaciones sociales como la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, la Universidad del Norte y el Comité Intergremial del Atlántico, quienes sumaron esfuerzos para lograr una solución justa y equitativa a la crisis energética que ha golpeado a la región por años.

Con esta decisión, la región Caribe da un paso hacia un servicio eléctrico más justo, aunque persisten desafíos que requerirán vigilancia constante y voluntad política para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.