La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 0639 de 2025, con el que el presidente Gustavo Petro convocó una consulta popular, ha generado una intensa controversia política y jurídica en el país. El mandatario reaccionó con contundencia, defendiendo la legalidad del decreto y señalando posibles implicaciones en el trámite de la reforma laboral.
La Sección Quinta del alto tribunal admitió una demanda que busca la nulidad del decreto presidencial, argumentando que fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado, requisito establecido en el artículo 104 de la Constitución y en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015.
En respuesta, el presidente Petro afirmó que el Consejo de Estado no tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad del decreto, ya que dicha función recae exclusivamente en la Corte Constitucional. “Ni lo uno, ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.
El pronunciamiento se dio tras un cruce con el senador Carlos Fernando Motoa, quien celebró la suspensión del decreto y cuestionó la asesoría jurídica del Gobierno. Petro, por su parte, advirtió que la decisión podría ser utilizada por la mesa directiva del Senado para frenar la conciliación de la reforma laboral, afectando derechos recientemente adquiridos por millones de trabajadores colombianos.
“El Congreso tiene la última palabra, pero ya no es ante mí, como presidente, es ante el pueblo. Y no es una amenaza: el pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano”, sentenció el mandatario.
La suspensión del decreto deja en pausa la convocatoria a consulta popular, mientras se resuelve de fondo la demanda. Entretanto, el debate sobre la reforma laboral continúa en el Congreso, en un ambiente cada vez más polarizado.
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