El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendieron la ley de rescate fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y reconocieron que su aprobación representa una apuesta política de alto riesgo para la administración, en medio de las dificultades que atraviesan las finanzas públicas.
En entrevistas concedidas a los medios El Tiempo y Semana, los funcionarios explicaron los principales componentes de la iniciativa, que contempla recortes al gasto estatal, modificaciones tributarias, cambios en los aportes al sistema de salud, devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y medidas para estimular la inversión.
«El Gobierno está dispuesto y sabe que se tiene que jugar su capital político en este momento, alrededor del problema del ajuste económico», afirmó Restrepo, al explicar las razones que llevaron al Ejecutivo a impulsar la reforma.
El vicepresidente atribuyó la situación fiscal a decisiones de la administración anterior, entre ellas el incremento de la deuda pública, el crecimiento de la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado y el mayor costo del servicio de la deuda.
Gobierno advierte sobre un posible default
Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para defender la iniciativa es el riesgo que, según sus cálculos, enfrentaría Colombia si no consigue recursos adicionales para financiar sus obligaciones.
«Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año», advirtió Restrepo en declaraciones a Semana.
El ministro Gómez coincidió en la urgencia del trámite legislativo y sostuvo que el proyecto debe quedar aprobado antes de finalizar 2026. De lo contrario, el país tendría dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2027 y garantizar el funcionamiento de la administración pública.
Aunque el Gobierno inició el procedimiento ordinario en el Congreso, el ministro no descartó solicitar mensaje de urgencia si los tiempos legislativos resultan insuficientes.
El 70 % del ajuste saldría del propio Estado
Restrepo aseguró que aproximadamente el 70 % del ajuste fiscal proyectado provendría de medidas aplicadas al interior del Estado, mediante la reducción de gastos burocráticos, contratación y erogaciones consideradas innecesarias.
Por su parte, Gómez explicó que el proyecto contempla reducir en un 50 % los costos asociados a los contratos de prestación de servicios durante 2027, revisar transferencias y fondos públicos y vender activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Entre los bienes que podrían entrar en procesos de venta mencionó embarcaciones, aeronaves, centros comerciales, bodegas y apartamentos que, según el funcionario, representan costos para el Estado.
El Gobierno espera destinar los recursos obtenidos mediante estas medidas a infraestructura, inversión social y reducción del endeudamiento público.
Cambios tributarios y devolución del IVA
La reforma también contempla modificaciones en el impuesto al valor agregado. Uno de los componentes anunciados es un mecanismo de devolución que beneficiaría a 36,5 millones de colombianos.
De acuerdo con las explicaciones de los funcionarios, 19 millones de personas recibirían la devolución del 100 % del IVA pagado, mientras que otras 16,5 millones accederían a reintegros parciales de hasta el 50 %.
El mecanismo comenzaría a operar el 1 de enero de 2028 y utilizaría la factura electrónica y los medios de pago digitales para identificar a los beneficiarios. También se contemplarían alternativas como Bre-B y los giros postales para quienes no puedan utilizar esos canales.
La iniciativa propone, además, elevar del 5 % al 19 % el IVA para productos como café, azúcar, aceites y pastas, bajo el argumento de que los hogares de menores ingresos recibirían compensaciones mediante el sistema de devolución.
En materia de renta, Restrepo explicó que se ampliaría el universo de personas obligadas a declarar, incluyendo a quienes perciban ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales.
Para las empresas, se plantea una reducción gradual de la tarifa del impuesto de renta: del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028.
Aumentarían los aportes a salud para los ingresos más altos
Otro componente de la propuesta modifica los aportes de los trabajadores al sistema de salud. Según explicó el ministro Gómez, quienes devenguen hasta dos salarios mínimos conservarían una contribución del 4 %, mientras que para los ingresos superiores se establecería un incremento progresivo hasta alcanzar el 8 % en los salarios más altos.
El funcionario estimó que esta medida permitiría incorporar cerca de 30 billones de pesos adicionales al sistema de salud.
La reforma también eliminaría la exención tributaria para las compras internacionales de hasta 200 dólares, lo que implicaría que las adquisiciones realizadas en plataformas como Temu, Shein, Amazon y AliExpress quedarían sujetas a los impuestos correspondientes.
Una apuesta decisiva en el Congreso
La ley de rescate fiscal representa uno de los mayores desafíos económicos y políticos para el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Su aprobación exige construir mayorías en el Congreso para respaldar un paquete que combina reducción del gasto público, nuevos gravámenes, modificaciones en los aportes a salud y mecanismos de compensación tributaria.
Mientras el Ejecutivo sostiene que las medidas son indispensables para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas, el trámite legislativo será determinante para establecer cuáles propuestas sobreviven al debate parlamentario y cuál será el alcance definitivo del ajuste fiscal.
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