El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó una propuesta de reorganización de la administración pública que contempla la eliminación, supresión o fusión de 105 entidades del Estado, con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento y generar ahorros estimados en al menos $8,6 billones.
El proyecto, de 36 páginas, plantea pasar de 209 a 104 entidades mediante la supresión de organismos y la integración de funciones que actualmente están distribuidas entre distintas dependencias estatales.
La iniciativa hace parte de la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo y deberá ser debatida por el Congreso de la República. Uno de sus puntos más controvertidos es la solicitud de facultades extraordinarias para que el presidente pueda adelantar modificaciones a la estructura de la administración nacional durante seis meses.
El Gobierno conservaría los 18 ministerios
De acuerdo con la información divulgada por Noticias RCN, la reorganización no implicaría una reducción en el número de ministerios. El Gobierno mantendría 18 carteras, aunque algunas experimentarían cambios en su estructura y competencias.
Entre las propuestas figura la creación del Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que asumiría funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
También se plantea establecer el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, que concentraría responsabilidades actualmente asignadas al Departamento de Prosperidad Social (DPS).
El rediseño contempla, además, la integración de los ministerios de Cultura y Deporte, así como la unión de Educación y Ciencia, según la descripción general del proyecto.
En cuanto a los departamentos administrativos, la propuesta plantea concentrar los seis existentes en dos estructuras:
Departamento Administrativo de Planeación, Inversión y Desarrollo Nacional, que reemplazaría al Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, que asumiría las funciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El plan también contempla integrar competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Departamento de Prosperidad Social dentro de la nueva estructura de Desarrollo Social.
Facultades extraordinarias por seis meses
Uno de los aspectos centrales del proyecto está contenido en su artículo 7, mediante el cual el Gobierno propone solicitar facultades extraordinarias para que el presidente pueda reorganizar ministerios y departamentos administrativos durante un periodo de seis meses.
Entre las atribuciones solicitadas se encuentran la posibilidad de suprimir o fusionar organismos, modificar sus nombres, objetivos y estructuras, reasignar funciones y efectuar ajustes en las plantas de personal.
La iniciativa también permitiría eliminar empleos y vacantes, crear entidades que asuman las competencias de organismos suprimidos y realizar las modificaciones presupuestales necesarias para ejecutar la reorganización.
Este punto abre una discusión jurídica sobre las competencias del Congreso y las atribuciones del Ejecutivo. El artículo 150 de la Constitución establece que corresponde al Legislativo determinar la estructura de la administración nacional, aunque también contempla la posibilidad de otorgar facultades extraordinarias al presidente para asuntos específicos, bajo las condiciones constitucionales.
Por tanto, el alcance de la autorización solicitada y la precisión de las entidades o sectores que podrían ser objeto de reorganización serán asuntos relevantes durante el debate legislativo.
Un antecedente durante el gobierno de Álvaro Uribe
La propuesta recuerda el proceso de reorganización administrativa adelantado durante el gobierno de Álvaro Uribe en febrero de 2003, cuando se utilizó un mecanismo de facultades extraordinarias para intervenir en la estructura de 465 entidades estatales.
El presidente De La Espriella había anunciado durante su campaña la intención de reducir el tamaño del Estado en un 40 %. La iniciativa presentada ahora busca avanzar en esa dirección mediante la eliminación de organismos y la concentración de funciones.
El Gobierno sostiene que la reorganización contribuiría a contener el déficit fiscal, evitar un crecimiento insostenible de la deuda pública y mejorar la sostenibilidad de las finanzas nacionales.
Sin embargo, el ahorro estimado y los cambios institucionales dependerán de la aprobación del proyecto y de las disposiciones que finalmente adopte el Congreso.
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