El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso la denominada Ley de Rescate Económico, un proyecto de 105 artículos que busca recaudar cerca de $40 billones mediante cambios tributarios, reducción del gasto público y nuevas medidas para mejorar las finanzas del Estado.
Aunque la iniciativa mantendría la tarifa general del IVA en el 19 %, propone eliminar tratamientos preferenciales y extender el impuesto a numerosos productos y servicios que actualmente están excluidos o tienen tarifas especiales.
La propuesta también contempla mecanismos de devolución del impuesto para los hogares de menores ingresos. Sin embargo, su aplicación dependerá de la aprobación del Congreso, donde el articulado todavía puede sufrir modificaciones.
Alimentos que pasarían a pagar IVA del 19 %
Entre los cambios que podrían tener mayor impacto en el consumo cotidiano está la eliminación de beneficios tributarios para diferentes alimentos.
La lista presentada en el proyecto incluye tomate, cebolla, repollo, pepino, coco, banano, cítricos, uvas, miel, sal, semillas y abonos, entre otros productos.
También quedarían gravados diversos alimentos procesados, enlatados o preparados industrialmente, como:
Maíz dulce, arvejas enlatadas y champiñones preparados.
Encurtidos, fríjoles precocidos, frutas en almíbar y compotas.
Mayonesa, salsa de tomate, mostaza, aderezos y otras salsas.
Sopas deshidratadas y cubos de caldo concentrado.
Galletas de paquete, cereales azucarados, tostadas industriales y ponqués empacados.
Pastas especiales rellenas o instantáneas.
Jamones, tocineta, salchichas, atún y sardinas enlatadas.
Chocolatinas, caramelos y mezclas lácteas azucaradas o saborizadas.
La iniciativa mantendría el beneficio para proteínas básicas y productos primarios sin transformación industrial, de acuerdo con las condiciones previstas en el articulado.
Licores, apuestas, plataformas digitales y compras internacionales
El proyecto también plantea extender el IVA del 19 % a licores, vinos y aperitivos que actualmente están sometidos al impuesto al consumo o al monopolio departamental. El recaudo correspondiente sería transferido en su totalidad a los departamentos para financiar el aseguramiento en salud.
Las plataformas de apuestas por internet tendrían que liquidar el impuesto sobre los depósitos de sus usuarios, tanto en dinero como en criptoactivos. También se establecerían bases mensuales de tributación para casinos físicos y máquinas tragamonedas.
Otros servicios y operaciones que quedarían gravados son:
Alojamiento de páginas web y servicios de computación en la nube.
Entradas a cine y eventos deportivos.
Compras en plataformas internacionales de comercio electrónico por valores de hasta 200 dólares, al eliminarse el tratamiento que permite excluir determinadas importaciones de bajo valor.
En el sector de los combustibles, las comercializadoras minoristas de gasolina corriente comenzarían a recaudar IVA a partir del primero de enero de 2028. El ACPM o diésel continuaría excluido.
Eliminarían la tarifa del IVA del 5 %
Otro de los componentes de la propuesta es desmontar progresivamente la tarifa reducida del 5 %.
En una primera etapa, perderían ese beneficio los buses, camiones, automóviles híbridos y eléctricos, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas.
Posteriormente, si la ley es aprobada, desde el primero de enero de 2028 desaparecería por completo la disposición del Estatuto Tributario que establece esa tarifa.
El exdirector de la Dian Lisandro Junco advirtió que productos como café, azúcar, aceites, pastas y chocolate, además de los planes de medicina prepagada, pasarían a tributar con la tarifa general del 19 %.
No obstante, el proyecto mantendría excluidos servicios como los médicos y hospitalarios, la educación, el transporte público, los servicios públicos domiciliarios y el arrendamiento de vivienda.
¿Qué productos seguirían sin pagar IVA?
La iniciativa contempla una canasta de bienes y servicios protegidos, en la que permanecerían productos básicos como:
Arroz, pan tradicional y arepa.
Carne fresca de res, cerdo y pollo.
Huevos y leche líquida.
Papa, yuca y granos.
Pescado fresco y agua.
También continuarían excluidos los medicamentos, las fórmulas infantiles, los anticonceptivos femeninos, los servicios de salud, educación, seguridad social, transporte y servicios públicos domiciliarios.
El proyecto señala que los bienes y servicios que conservarían la exclusión representan cerca del 58 % del gasto total de los hogares en condición de pobreza.
Devolución del IVA para 19 millones de colombianos
Como componente de compensación social, el Gobierno propone implementar EfectIVA, un mecanismo de devolución del impuesto para 19 millones de colombianos de menores ingresos.
El sistema comenzaría a operar en 2028, aunque el proyecto contempla un giro anticipado a los beneficiarios a más tardar el 20 de diciembre de 2027.
La devolución se calcularía con información de la facturación electrónica de la Dian y sería administrada por Prosperidad Social. Pedir factura con el número de cédula permitiría identificar el impuesto pagado y determinar el valor de la compensación. El mecanismo también garantizaría un monto mínimo a las personas más vulnerables, incluso cuando no presenten comprobantes.
Las personas en pobreza extrema, pobreza y el segmento de menores ingresos de la población vulnerable recibirían la devolución del 100 % del IVA pagado en bienes y servicios gravados. Otros grupos vulnerables tendrían compensaciones del 50 %, 40 % o 30 %, según su clasificación.
El Ministerio de Hacienda calcula que los hogares de menores ingresos pagan en promedio $138.000 mensuales por concepto de IVA. Según las proyecciones oficiales, con EfectIVA, los 19 millones de beneficiarios recibirían en promedio $231.000 mensuales, mientras otros 16,5 millones de colombianos tendrían devoluciones parciales.
El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que los hogares con ingresos de hasta $3,4 millones mensuales serían beneficiarios del sistema y sostuvo que el 10 % de mayores ingresos aportaría una proporción superior del ajuste fiscal.
Recorte del gasto público y reducción del impuesto de renta empresarial
La Ley de Rescate Económico también propone que cerca del 70 % del ajuste fiscal provenga de recortes al gasto estatal. Entre las medidas figuran una reducción del 50 % en el gasto de contratos de prestación de servicios para 2027, un recorte del 20 % en los gastos de funcionamiento y la venta de activos públicos considerados improductivos.
En materia empresarial, el proyecto plantea reducir la tarifa general del impuesto de renta para sociedades del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, además de establecer incentivos para compañías que realicen grandes inversiones en Colombia.
El Ejecutivo estima que la combinación de ahorro estatal, modificaciones tributarias y crecimiento económico permitiría mejorar las finanzas públicas en $51 billones durante 2027 y en más de $122 billones para 2030.
La iniciativa deberá surtir su trámite legislativo antes de convertirse en ley. Por tanto, los cambios tributarios descritos corresponden a propuestas del Gobierno y no a medidas que ya estén vigentes.
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