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El Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a fijar su posición frente a la negociación del salario mínimo para 2027 y anticipó que buscará un incremento que permita proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta el comportamiento de la inflación y la capacidad productiva de la economía.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que aumentos muy elevados pueden generar presiones adicionales sobre los precios y afectar otras variables económicas.
La negociación, que tradicionalmente se desarrolla en diciembre entre Gobierno, empresarios y organizaciones de trabajadores, tendrá entre sus principales referencias la inflación, la productividad laboral y la necesidad de preservar el ingreso real de quienes reciben el salario mínimo.
Gobierno cuestiona el aumento aplicado en 2026
Gómez Martínez cuestionó el incremento del 23,7 % decretado para 2026, que llevó el salario mínimo básico a $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte.
Según el ministro, ese aumento tuvo efectos sobre el consumo de los hogares, las presiones inflacionarias y las importaciones, además de contribuir a un mayor déficit comercial.
El funcionario calificó el incremento como “absolutamente innecesario” y defendió una política salarial que, a su juicio, debe guardar una relación más estrecha con la productividad y con los datos oficiales sobre inflación.
El Gobierno también ha respaldado las medidas adoptadas por el Banco de la República para contener el aumento de los precios y considera que una reducción sostenida de la inflación terminaría beneficiando tanto a trabajadores como a empleadores.
Inflación de 6,24 % entra en el análisis
Uno de los datos que estará sobre la mesa en la próxima negociación es la inflación anual de 6,24 % registrada hasta agosto de 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
La cifra permanece por encima de la meta de inflación del Banco de la República, establecida en 3 %.
Algunos sectores de la economía presentan incrementos superiores al promedio nacional. Entre ellos se encuentran restaurantes y hoteles, con 9,36 %; salud, con 8,30 %; educación, con 7,45 %; bebidas alcohólicas y tabaco, con 6,94 %, y muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar, con 6,67 %.
El comportamiento de los precios será uno de los elementos utilizados para establecer cuánto debería aumentar el salario con el propósito de evitar una pérdida del poder adquisitivo.
Sin embargo, la inflación de agosto no determina por sí sola el incremento de 2027. También deberán considerarse el resultado con el que cierre 2026, la productividad laboral, el comportamiento de la economía y las propuestas que presenten empresarios y trabajadores.
¿Cuánto podría subir el salario?
Con las cifras actualmente disponibles se han planteado diferentes escenarios, aunque ninguno corresponde todavía a una decisión oficial.
Si el aumento fuera del 6 %, el salario básico pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.855.959.
Con un incremento del 7 %, llegaría a unos $1.873.468, mientras que un ajuste del 8 % lo llevaría a aproximadamente $1.890.977.
En este último escenario, el aumento sería de unos $140.072 sobre el salario básico vigente.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas consideró que un incremento cercano al 8 % podría aproximarse al resultado final si la negociación no incorpora factores políticos. Se trata, sin embargo, de una apreciación personal y no de una proyección oficial.
Varios factores todavía están pendientes
El Banco de la República mantiene además la atención sobre diferentes factores que podrían influir en la evolución de los precios durante los próximos meses.
Entre ellos aparecen los costos laborales, el consumo de los hogares, los precios de los alimentos, el fenómeno de El Niño, los servicios públicos, otros precios regulados, los conflictos internacionales y la situación fiscal.
Por ello, aunque el Gobierno de De la Espriella ya planteó su preferencia por un incremento más moderado, la cifra definitiva del salario mínimo de 2027 aún no está establecida.
La discusión de diciembre deberá encontrar un punto de equilibrio entre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y el objetivo de evitar que un aumento salarial termine generando nuevas presiones sobre la inflación.
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