Defensora del Pueblo cuestiona exhibición de cuerpos tras operativo militar en Guaviare

*Iris Marín Ortiz señaló que el Estado debe enfrentar a los grupos armados dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, pero sin convertir la muerte o la humillación del adversario en una demostración de poder.

La forma como el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó ante la opinión pública el resultado de una operación militar contra las disidencias de las Farc en Guaviare generó nuevos cuestionamientos, luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, criticara la exhibición de los cuerpos de los integrantes del grupo armado muertos durante el operativo.

La funcionaria cuestionó particularmente la decisión de mostrar los cadáveres dispuestos en bolsas blancas y la difusión de imágenes en las que el mandatario aparece caminando entre ellos. Según explicó, sus reparos no están dirigidos contra la actuación de las Fuerzas Militares en el marco de sus competencias, sino contra la manera en que se comunican públicamente los resultados de las operaciones.

Marín Ortiz sostuvo que el Estado tiene el deber de combatir a los grupos armados responsables de graves hechos de violencia, pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por la Constitución, la ley y el derecho internacional humanitario.

“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, manifestó la defensora.

La funcionaria advirtió además que el Estado no debe entrar en una competencia con las organizaciones armadas para demostrar quién puede ejercer mayor violencia o generar más temor.

“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder”, afirmó.

Llamado a preservar la dignidad humana

Marín Ortiz también hizo referencia al derecho a la vida y señaló que incluso cuando la muerte de una persona responsable de graves delitos pueda producirse en el marco de una acción legal, el Estado debe mantener como principio la protección de la dignidad humana.

“Aunque la baja de una persona responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo.

En ese contexto, la defensora llamó al Gobierno a utilizar indicadores de seguridad que permitan valorar no solamente el número de integrantes de grupos armados muertos o capturados, sino también las vidas protegidas y los derechos garantizados a la población.

La funcionaria pidió además evitar prácticas que puedan recordar episodios dolorosos de la historia reciente del país, en referencia a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

“La humanidad aprendió, después de guerras y violencias extremas, que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, afirmó.

Operación Azarías

Los cuestionamientos surgieron después de la Operación Azarías, desarrollada el 30 de agosto de 2026 en zona rural de Miraflores, Guaviare, contra integrantes del Frente Carolina Ramírez, estructura de las disidencias de las Farc atribuida al mando de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con el balance oficial citado en el informe, la operación dejó 23 integrantes del grupo armado muertos y seis capturados. Además, dos menores de edad fueron recuperados y quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Entre los muertos fue identificado alias Tigre o Pintado, señalado por el Gobierno como uno de los cabecillas del Frente Carolina Ramírez y hombre cercano a Iván Mordisco.

Las autoridades también reportaron la incautación de 28 fusiles, cuatro ametralladoras y tres pistolas, además de explosivos y otros elementos de guerra.

La defensora del Pueblo insistió en que cuestionar la forma de comunicar los resultados de una operación militar no significa desconocer la función constitucional de la Fuerza Pública.

“El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que impone la Constitución, la ley y, sobre todo, la humanidad”, concluyó Marín Ortiz.