El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles 19 de agosto el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
La declaratoria tendrá una vigencia inicial de 30 días y cobijará a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
La medida también podrá extenderse a otros municipios que demuestren afectaciones físicas directamente relacionadas con el terremoto y sus réplicas.
De acuerdo con el balance preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo deja hasta ahora 319 personas muertas, 4.469 heridas y 260 desaparecidas.
El decreto establece que el Ministerio del Interior deberá presentar un informe motivado ante el Congreso y ordena remitir la declaratoria a la Corte Constitucional. Además, el Gobierno deberá comunicar la adopción de la medida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Una tragedia de grandes proporciones
Según la información incorporada en el decreto, el terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103,4 kilómetros. Hasta las 6:00 de la mañana del 19 de agosto se habían registrado 393 réplicas.
La UNGRD reportó afectaciones directas en 15 departamentos y 471 municipios, con 30.803 viviendas destruidas y otras 151.433 averiadas.
El desastre también dejó 302 edificios colapsados y 3.513 centros educativos, comunitarios y de salud afectados.
A esto se suman daños en 14 puentes peatonales, 70 puentes vehiculares, 450 vías, 110 acueductos, cinco aeropuertos y 18 entidades bancarias.
En total, 151.133 familias y 272.830 personas han resultado damnificadas.
Las autoridades advierten que las cifras todavía pueden aumentar debido a las dificultades para acceder a zonas rurales y montañosas, los deslizamientos y la pérdida de conectividad que han impedido completar las verificaciones en terreno.
Servicios públicos y abastecimiento, afectados
El terremoto también provocó interrupciones y daños en los sistemas de agua potable, gas, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y energía eléctrica.
La demanda de electricidad que inicialmente no pudo ser atendida llegó a cerca del 18 % a nivel nacional. Sin embargo, para el 13 de agosto se había recuperado el 97 % del servicio en las regiones afectadas.
El transporte aéreo también sufrió graves consecuencias. Siete aeropuertos —Cali, Pereira, Cartago, Armenia, Quibdó, Manizales y Buenaventura— registraron afectaciones. Entre ellos, Pereira y Cartago continuaban con restricciones debido a los daños en sus instalaciones.
La emergencia también golpeó corredores viales fundamentales para el transporte de alimentos. Los departamentos afectados aportan aproximadamente el 11,5 % del abastecimiento alimentario del país, especialmente en productos como verduras, carnes, frutas, lácteos, huevos y alimentos procesados.
El cierre o restricción de algunas vías ha generado problemas de abastecimiento en diferentes regiones, particularmente en el suroccidente colombiano.
Reconstrucción costaría al menos $30 billones
El Gobierno calcula que el impacto económico preliminar de la tragedia asciende a por lo menos $30 billones, equivalente a cerca del 1,8 % del producto interno bruto (PIB).
La emergencia ha afectado sectores como vivienda, salud, educación, comercio, turismo, manufactura, agroindustria y servicios.
En materia ambiental, el Ministerio de Ambiente identificó riesgos relacionados con la acumulación de escombros, residuos peligrosos, daños en sistemas hídricos, afectaciones a la fauna silvestre y posibles impactos en áreas protegidas.
El volumen de escombros generado por el terremoto se estima entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas.
¿Por qué se decretó la emergencia?
El Gobierno explicó que, aunque ya habían sido activados los mecanismos ordinarios para atender la tragedia —incluida la declaratoria de desastre nacional—, estos resultan insuficientes frente a la magnitud de la emergencia.
Según el decreto, existen restricciones jurídicas, presupuestales y administrativas que impiden responder con la rapidez requerida y que solamente pueden ser modificadas mediante decretos con fuerza de ley.
La administración De La Espriella pretende utilizar las facultades extraordinarias para adoptar medidas en áreas como presupuesto, contratación, crédito público, vivienda, salud, educación, transporte, servicios públicos y reactivación económica.
Entre las alternativas contempladas están nuevas fuentes de financiación, reasignaciones presupuestales, alivios tributarios temporales, operaciones de crédito, utilización de recursos del Sistema General de Regalías, ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos y utilización de activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El Gobierno sostiene que la emergencia requiere una respuesta extraordinaria y rápida para atender a las víctimas, garantizar los servicios esenciales y comenzar la reconstrucción de las regiones devastadas por el terremoto.
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