El país obtuvo un índice de riesgo global de 39,26 puntos y una vulnerabilidad de 48,86, registros superiores a los de México y Perú. A escala mundial, Colombia solo es superada por Filipinas, India e Indonesia.
El informe fue elaborado por Bündnis Entwicklung Hilft y el Instituto para el Derecho Internacional de la Paz y el Derecho Internacional Humanitario, y analiza factores como la exposición a amenazas naturales, la vulnerabilidad de la población y la capacidad de los países para afrontar y adaptarse a los desastres.
La principal debilidad: capacidad para afrontar las emergencias
El indicador que presenta el resultado más desfavorable para Colombia es el relacionado con la “falta de capacidades de afrontamiento”, que alcanzó 50,87 puntos.
Este resultado refleja las dificultades existentes para responder de manera efectiva cuando ocurre una emergencia y la disponibilidad limitada de recursos para enfrentar sus consecuencias.
El informe también identifica problemas relacionados con la capacidad institucional para controlar situaciones que pueden agravarse después de un desastre, entre ellas la violencia, el terrorismo y la corrupción, además de dificultades para mantener la estabilidad política.
A esto se suman las limitaciones del sistema de salud para responder a emergencias de gran magnitud, particularmente en aspectos como disponibilidad de médicos, camas hospitalarias y recursos destinados al sector.
Las condiciones sociales del país también pueden complicar la respuesta, debido a que otras crisis y necesidades pueden desviar la atención de las consecuencias inmediatas de una catástrofe.
Alta exposición a fenómenos naturales
El indicador más favorable para Colombia dentro del informe corresponde a la categoría de “Exposición”, con 31,54 puntos. Sin embargo, este resultado continúa ubicando al país en un nivel elevado de exposición a fenómenos como terremotos, inundaciones y tsunamis.
Colombia aparece además como el país latinoamericano con mayor riesgo de inundaciones, teniendo en cuenta tanto el número y proporción de personas expuestas como la frecuencia e intensidad de las amenazas naturales.
Para Andrés García Suaza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, una de las prioridades debe ser fortalecer los sistemas de predicción y alerta para permitir que las autoridades actúen antes de que ocurran las emergencias.
“No se pueden repetir los mismos errores año tras año, esperando que el evento ocurra”, afirmó a La República.
Entre las medidas propuestas están el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana del Ideam, la evacuación oportuna de las poblaciones en riesgo y la prohibición de nuevas construcciones en zonas expuestas mediante un adecuado ordenamiento territorial.
También se plantea la recuperación de páramos, humedales y bosques ribereños, considerados infraestructura natural para contener crecientes y reducir el impacto de las inundaciones.
Inversión y planificación de largo plazo
El economista Jairo Albeiro Osorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, señaló que no existe una cifra exacta sobre cuánto debería invertir Colombia en adaptación frente a los desastres.
La experiencia internacional, sin embargo, muestra que los países con alta vulnerabilidad climática pueden destinar entre el 1 % y el 2 % del PIB anual a infraestructura resiliente, adaptación y gestión del riesgo, especialmente cuando existen rezagos institucionales.
La recomendación es establecer una política de largo plazo que combine recursos públicos e inversión privada y priorice infraestructura vial, drenaje urbano, redes de acueducto, hospitales, colegios, sistemas de alerta temprana y obras de mitigación.
Colombia encabeza el riesgo en América Latina
Después de Colombia, los países latinoamericanos con mayores niveles de riesgo son México, Perú, Ecuador y Nicaragua.
México registra un índice de 38,96; Perú, 25,81; Ecuador, 24,14, y Nicaragua, 23,60.
A nivel mundial, los diez países con mayor riesgo de desastres son Filipinas, India, Indonesia, Colombia, México, Myanmar, Mozambique, Rusia, China y Pakistán.
La clasificación combina la exposición a amenazas como inundaciones, ciclones, terremotos y sequías, muchas de ellas agravadas por el cambio climático, con factores de vulnerabilidad que afectan la capacidad de respuesta y adaptación.
El terremoto vuelve a poner el debate sobre la mesa
El informe plantea además la necesidad de revisar normas, vacíos regulatorios y medidas que hayan perdido vigencia o eficacia.
Entre las prioridades aparecen la actualización de las normas de sismorresistencia, la elaboración de estudios de microzonificación sísmica, la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial y el fortalecimiento de la gestión del riesgo como política de Estado, con recursos presupuestales e instituciones capaces de ejecutarla en las regiones.
La infraestructura hospitalaria y educativa también debería ser construida o reforzada teniendo en cuenta las condiciones y amenazas específicas de cada territorio.
En ese contexto, el caso de una parte del Hospital Universitario del Valle es mencionado como una señal de la necesidad de mantener una atención técnica y presupuestal permanente sobre las edificaciones esenciales.
El informe también plantea la necesidad de contar con un mapa actualizado de las zonas de riesgo, los peligros latentes y las obras, intervenciones o reubicaciones pendientes, de manera que las autoridades puedan establecer prioridades y financiar proyectos mediante recursos públicos, crédito y cooperación internacional.
La conclusión resulta especialmente relevante después del terremoto que golpeó al país: Colombia no puede limitar su política de gestión del riesgo a responder cuando ocurre una tragedia. La prevención, la planificación territorial, la infraestructura resiliente y la capacidad institucional deben construirse antes de que llegue la próxima emergencia.
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