El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que la cartera ha recibido al menos 65 denuncias relacionadas con posibles presiones ejercidas por directivos empresariales sobre sus empleados para influir en su decisión electoral. Según indicó el funcionario, los casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para su respectiva investigación.
La preocupación del Gobierno se incrementó luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que existirían denuncias contra cerca de 400 empresas por presuntas conductas orientadas a condicionar o influir en el voto de los trabajadores.
Frente a esta situación, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas con el propósito de garantizar el libre ejercicio del sufragio durante la jornada electoral. Entre ellas sobresale una circular dirigida a empleadores públicos y privados, recordándoles su obligación de respetar el derecho de sus trabajadores a participar en las elecciones sin restricciones ni presiones de ningún tipo.
La entidad enfatizó que aquellos empleados que deban cumplir turnos laborales el día de las elecciones deberán contar con las facilidades necesarias para acudir a las urnas y regresar posteriormente a sus actividades sin enfrentar represalias o consecuencias laborales derivadas de sus preferencias políticas.
“El voto es un derecho fundamental que debe ejercerse de manera libre, autónoma y sin interferencias”, señaló el Ministerio, al reiterar que ninguna empresa puede utilizar su posición jerárquica para influir en la voluntad política de sus trabajadores.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, donde recordó que el sufragio es un derecho protegido constitucionalmente y advirtió que cualquier intento de impedir, limitar o direccionar el voto de los trabajadores podría constituir una conducta sancionable por la ley.
El mandatario insistió en que los trabajadores deben poder ejercer libremente su derecho al voto y regresar posteriormente a sus puestos de trabajo sin ser objeto de presiones, discriminación o represalias.
Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier situación que pueda constituir constreñimiento electoral, compra de votos o presión indebida en el ámbito laboral, especialmente durante los días previos a la elección presidencial.
La alerta surge en medio de una campaña caracterizada por una alta polarización política y una estrecha disputa entre los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño. Por ello, el Gobierno considera fundamental reforzar las garantías democráticas y prevenir cualquier práctica que pueda afectar la libertad de los electores.
Con estas acciones, el Ministerio del Trabajo busca enviar un mensaje contundente al sector empresarial sobre la importancia de respetar los derechos políticos de los trabajadores y contribuir a que la jornada electoral del próximo 21 de junio se desarrolle bajo principios de transparencia, legalidad y plena libertad de participación ciudadana.
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