La petición fue realizada mediante un video y un comunicado oficial, en respuesta al ultimátum que el mandatario electo lanzó recientemente a las organizaciones armadas ilegales, a las que concedió un plazo de un mes para acogerse al Estado de derecho o enfrentar una ofensiva militar sin concesiones.
En el material audiovisual, el Estado Mayor de las ACSN expresó su disposición a iniciar conversaciones que permitan avanzar hacia soluciones que contribuyan a la tranquilidad de las comunidades de la Sierra Nevada y demás territorios históricamente afectados por la violencia.
En el comunicado, la organización sostuvo que cualquier proceso de paz debe traducirse en hechos concretos, confianza y resultados verificables para las comunidades que durante décadas han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Asimismo, hizo un llamado al nuevo Gobierno para escuchar a las poblaciones de los territorios y promover mecanismos de diálogo efectivos.
Las ACSN también señalaron que un eventual acercamiento debe estar acompañado de garantías para las comunidades, inversión social y fortalecimiento de la presencia institucional en la Sierra Nevada y otras zonas bajo su influencia.
Un proceso de sometimiento estancado
El proceso adelantado con el Gobierno del presidente Gustavo Petro se desarrolló bajo un enfoque de sometimiento a la justicia y no como una negociación política. Dicho mecanismo, establecido mediante la Resolución 300 de agosto de 2024, buscaba verificar la voluntad del grupo para abandonar la ilegalidad a cambio de beneficios jurídicos.
En febrero de 2026 ambas partes suscribieron un acuerdo preliminar de alivio humanitario, mediante el cual las ACSN se comprometieron a cesar los homicidios y detener el reclutamiento de menores de edad. Sin embargo, el proceso perdió impulso debido a la ausencia de un marco legal definitivo para el sometimiento penal, situación que dejó las conversaciones en una fase de estancamiento.
La propia organización reconoció ese desgaste al afirmar que muchos de los compromisos anunciados por el Gobierno no llegaron a materializarse y que las expectativas generadas entre las comunidades quedaron sin respuestas concretas.
Alertan sobre una eventual ofensiva militar
El futuro del proceso también ha generado preocupación entre algunos sectores sociales. El activista Miguel Pacheco advirtió que la estrategia de "Mano de Hierro" anunciada por el presidente electo, que incluiría operaciones militares apoyadas con drones, inteligencia artificial y cooperación internacional, podría desencadenar una crisis humanitaria en la Sierra Nevada.
Pacheco recordó que ese territorio cuenta con protección constitucional por su importancia cultural y ambiental, razón por la cual pidió privilegiar mecanismos de diálogo y consulta con las comunidades indígenas.
No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá negó en segunda instancia una acción judicial que buscaba obligar al Gobierno a reactivar los acercamientos con las ACSN. El fallo reiteró que el manejo del orden público corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República.
Con esta decisión, el futuro de los eventuales diálogos y de la estrategia de seguridad en la Sierra Nevada dependerá de las determinaciones que adopte el gobierno de Abelardo de la Espriella una vez asuma oficialmente la Presidencia el próximo 7 de agosto.
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