La petición del coordinador del equipo de empalme del Gobierno entrante buscaba revisar la conveniencia de realizar nuevas vinculaciones de personal en la UNP antes de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.
El Decreto 0670, expedido el 26 de junio de 2026, establece requisitos alternativos de formación académica y experiencia para los cargos de Oficial de Protección, Código 3137, con el propósito de ampliar las condiciones de acceso a esos empleos bajo criterios de equidad y no discriminación.
No obstante, el ministro Cuervo defendió la continuidad de las actuaciones administrativas del actual Gobierno y recordó que la administración del presidente Gustavo Petro mantiene plenamente sus competencias constitucionales hasta el último día de su mandato.
“Es necesario recordarle una obviedad al vicepresidente electo José Manuel Restrepo: el Gobierno termina el 7 de agosto y, hasta ese día, tenemos la obligación constitucional de ejercer nuestras competencias legales. No hacerlo puede llevar a faltas disciplinarias y a un vacío de poder”, afirmó el ministro a través de su cuenta en X.
Las declaraciones del jefe de la cartera de Justicia surgieron después de que Restrepo expresara preocupación por el alcance del decreto y solicitara que cualquier proceso de provisión de cargos fuera evaluado con especial cautela durante la etapa de transición.
En la comunicación enviada a la dirección de la UNP, el vicepresidente electo señaló que la norma no obliga a realizar nombramientos inmediatos, por lo que consideró necesario analizar su oportunidad, necesidad y conveniencia institucional antes de ejecutar nuevas designaciones.
Asimismo, pidió a la entidad certificar si existen procesos de selección iniciados o proyectados con base en el Decreto 0670 y, en caso afirmativo, entregar información detallada sobre el estado de cada procedimiento, los cargos involucrados, las vacantes previstas para proveer antes del 7 de agosto, los fundamentos jurídicos y técnicos de las decisiones, los actos administrativos expedidos y el impacto presupuestal correspondiente.
El equipo de empalme también manifestó su interés en que la transición entre administraciones se desarrolle bajo principios de transparencia, lealtad institucional y plena colaboración entre el Gobierno saliente y el entrante.
La posición del ministro Cuervo coincide con la expresada previamente por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que su administración continuará ejerciendo todas sus funciones hasta la culminación del periodo constitucional.
“Mi Gobierno termina el 6 de agosto a las doce de la noche. Cuando recibí el Gobierno de Duque, José Manuel Restrepo era su ministro de Hacienda. Más o menos es como si les devolviera el Gobierno; dirán: ahí les dejamos gobernar un poquito”, escribió Petro en su cuenta de X.
Entretanto, desde distintos sectores también surgieron propuestas para fortalecer el marco institucional de las transiciones presidenciales. El constitucionalista Martín Eduardo Botero planteó la creación de un Observatorio Jurídico de la Transición, integrado por expertos independientes, encargado de documentar y analizar las decisiones estructurales adoptadas entre la elección y la posesión presidencial, con el fin de establecer criterios que orienten futuros procesos de relevo gubernamental y fortalezcan la institucionalidad democrática del país.
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