Juzgado ordena a Gustavo Petro abstenerse de usar X y canales oficiales para intervenir en la campaña presidencial

La decisión judicial prohíbe al mandatario utilizar su cuenta de X, alocuciones oficiales y eventos públicos para emitir mensajes que favorezcan o perjudiquen a los candidatos presidenciales. También le impide difundir denuncias de fraude electoral sin respaldo probatorio.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, un juzgado de Medellín adoptó una medida provisional que ordena al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, abstenerse de realizar pronunciamientos de carácter electoral que puedan influir en la contienda entre los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

La decisión fue emitida por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín dentro de una acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas, quien argumentó que algunas intervenciones y publicaciones del jefe de Estado podrían afectar las garantías de neutralidad y equilibrio que deben rodear el proceso electoral.

Según el auto judicial, la tutela fue admitida contra Petro en su condición de presidente de la República, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa del país. Además, el despacho concedió al mandatario un plazo de dos días para responder a los señalamientos planteados en la acción constitucional.

Como medida preventiva, la juez consideró necesario ordenar que el presidente se abstenga, hasta las 4:00 de la tarde del 21 de junio de 2026, de utilizar recursos, escenarios o plataformas vinculadas al ejercicio de sus funciones para emitir mensajes que favorezcan o perjudiquen a cualquiera de los aspirantes presidenciales.

La restricción incluye expresamente las alocuciones oficiales, eventos públicos desarrollados en calidad de jefe de Estado, escenarios nacionales e internacionales a los que asista por razón de su cargo y la cuenta @petrogustavo en la red social X cuando esta sea utilizada como instrumento de comunicación gubernamental.

La providencia también señala que el mandatario deberá abstenerse de realizar alusiones electorales mediante analogías, símbolos, dicotomías o calificaciones que puedan interpretarse como apoyo o rechazo a alguno de los candidatos que disputan la Presidencia de la República.

Otro de los aspectos centrales de la decisión judicial es la prohibición de difundir afirmaciones relacionadas con un eventual fraude electoral sin que existan pruebas sólidas y razonables que respalden dichas denuncias. El juzgado consideró que este tipo de manifestaciones podrían afectar la confianza ciudadana en el proceso democrático y generar incertidumbre sobre la legitimidad de las elecciones.

La juez explicó que las medidas provisionales previstas en el Decreto 2591 de 1991 tienen como finalidad evitar que una posible vulneración de derechos fundamentales se materialice mientras se resuelve de fondo la acción de tutela. En ese sentido, aclaró que la decisión no constituye un fallo definitivo ni implica un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad del mandatario.

Para sustentar la adopción de la medida cautelar, el despacho tuvo en cuenta una decisión previa del Consejo de Estado emitida el pasado 28 de mayo de 2026, mediante la cual se ordenó al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos, movimientos políticos o candidatos.

Según el juzgado, la existencia de ese antecedente judicial permite establecer una apariencia de buen derecho en los argumentos presentados por el accionante. Además, se valoraron documentos periodísticos y capturas de pantalla de publicaciones realizadas desde la cuenta oficial del mandatario, así como referencias a intervenciones públicas posteriores a la decisión del Consejo de Estado.

De acuerdo con la valoración preliminar realizada por la autoridad judicial, estos elementos indicarían que el presidente habría continuado realizando referencias a la campaña electoral y a los candidatos que participan en la actual contienda presidencial.

La providencia advierte que dichas actuaciones podrían comprometer el derecho de los ciudadanos a ejercer su voto en condiciones de libertad e igualdad, además de afectar la percepción de imparcialidad y legitimidad del proceso electoral.

El juzgado también ordenó solicitar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una certificación sobre el número y estado de los expedientes relacionados con presuntas investigaciones por participación indebida en política que actualmente cursan contra el jefe de Estado.

Finalmente, la autoridad judicial advirtió que el eventual incumplimiento de las órdenes impartidas podría dar lugar a las sanciones previstas por desacato en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

La decisión se conoce en la recta final de una de las campañas presidenciales más polarizadas de los últimos años y añade un nuevo capítulo al debate sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos durante los procesos electorales. Mientras se resuelve de fondo la tutela, el mandatario deberá ajustar sus intervenciones públicas a las restricciones impuestas por la autoridad judicial.