La pintura, realizada como una manifestación en memoria de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, generó tensiones entre manifestantes y simpatizantes uribistas. El exmandatario interrumpió su agenda en Medellín para trasladarse a su residencia y calificó el hecho como una “provocación de violencia”, responsabilizando al senador y candidato presidencial Iván Cepeda de incentivar este tipo de acciones.
Videos difundidos en redes sociales mostraron a Uribe cubriendo el mural con pintura blanca, mientras aumentaba la discusión pública sobre el lugar exacto donde fue realizada la intervención artística. Una usuaria identificada como Adriana Ruiz aseguró que el mural fue pintado sobre un puente público y no directamente frente a la vivienda del expresidente, acompañando su afirmación con imágenes de Google Maps.
La polémica tomó mayor dimensión luego de que el presidente Petro reaccionara en su cuenta de X, donde recordó episodios de amenazas y persecuciones que, según afirmó, sufrió su familia durante los gobiernos de Uribe entre 2002 y 2010.
“Hace años pintaron la casa del jardín infantil de mi hermana con una amenaza de bomba firmada por la AUC. Los padres retiraron a sus hijos y el lugar quebró. Mi hermana y su hija tuvieron que exiliarse”, escribió el mandatario.
Petro también aseguró que miembros de su familia fueron víctimas de intimidaciones sistemáticas atribuidas a estructuras paramilitares. Según relató, hubo ataques contra la vivienda de su madre, envenenamiento de mascotas y seguimientos ilegales realizados por el extinto DAS, hechos que —afirmó— fueron reconocidos judicialmente.
El jefe de Estado sostuvo que el mural no hacía referencia directa a Uribe ni a su familia y defendió la intervención como una expresión realizada en espacio público. “La censura ejercida contra ese mural no es más que un hecho adicional de afectación a la libre expresión por hechos probados judicialmente que constituyen un crimen contra la humanidad”, concluyó Petro.
El episodio volvió a poner sobre la mesa las profundas divisiones políticas entre el petrismo y el uribismo, en medio de un ambiente preelectoral marcado por fuertes confrontaciones en redes sociales y debates sobre memoria histórica, derechos humanos y libertad de expresión en Colombia.
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