La iniciativa se hundió debido a que no fue agendada para debate en lo que resta de la actual legislatura, situación que deja a cerca de siete millones de ciudadanos con registros negativos que continúan limitando su acceso a créditos, vivienda, empleo y otros servicios financieros.
El proyecto buscaba brindar una segunda oportunidad a las personas morosas, permitiendo que quienes pagaran sus deudas con entidades financieras, comerciales o de servicios pudieran limpiar su historial crediticio y reincorporarse plenamente al sistema financiero formal.
La decisión generó fuertes críticas contra la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y abrió un nuevo debate sobre la influencia del sector financiero en las decisiones legislativas relacionadas con inclusión económica y acceso al crédito.
Uno de los principales promotores de la iniciativa, el representante Alejandro Ocampo, cuestionó duramente el hundimiento del proyecto y aseguró que se ignoró la situación de millones de ciudadanos afectados por reportes negativos, incluso por montos mínimos.
“A la Mesa Directiva no le importaron siete millones de colombianos que hoy están reportados en Datacrédito, algunos de ellos injustamente, algunos por $500, por $5.000 o por $10.000”, afirmó el congresista.
Según Ocampo, muchas personas continúan apareciendo como morosas pese a haber saldado sus obligaciones o mantener deudas de bajo valor, situación que, a su juicio, perpetúa la exclusión financiera y favorece a las entidades bancarias.
Qué proponía Borrón y Cuenta Nueva 2.0
La iniciativa contemplaba una amnistía para quienes pagaran sus deudas durante los primeros 12 meses de vigencia de la ley. En esos casos, los reportes negativos serían eliminados en un plazo de apenas dos meses después del pago.
El mecanismo buscaba beneficiar a más de cinco millones de colombianos y ampliar sus posibilidades de acceder nuevamente a créditos y servicios financieros.
Además, el proyecto pretendía reducir el tiempo de permanencia de los reportes negativos en las centrales de riesgo. Actualmente, la información adversa puede mantenerse hasta cuatro años, pero la propuesta planteaba disminuir ese plazo a seis meses una vez la persona se pusiera al día.
En el caso de quienes tienen créditos educativos, la norma también proponía que pudieran salir de los listados negativos tras pagar seis cuotas consecutivas de sus acuerdos, incluso si aún existía saldo pendiente.
Otro de los puntos clave establecía que quienes cancelaran totalmente sus obligaciones antes de la entrada en vigor de la ley podrían eliminar de inmediato su historial negativo, con responsabilidad de actualización a cargo de centrales de riesgo como Datacrédito.
Acusan presión del sector financiero
Tras el hundimiento del proyecto, Alejandro Ocampo aseguró que hubo presión del sector bancario para evitar el avance de la iniciativa en el Congreso.
“Fue más fuerte el lobby de Asobancaria que la necesidad del pueblo colombiano”, afirmó el representante, quien insistió en que la Mesa Directiva únicamente debía incluir el proyecto en el orden del día para que pudiera ser debatido y votado.
El congresista sostuvo que la decisión legislativa favoreció directamente a la banca y bloqueó la posibilidad de reactivar financieramente a millones de ciudadanos excluidos del sistema crediticio.
Antecedentes del alivio crediticio
El fracaso de Borrón y Cuenta Nueva 2.0 revive el antecedente de la Ley 2157 de 2021, considerada el primer gran intento de alivio crediticio en Colombia.
Aunque esa norma proyectaba beneficiar a cerca de 16 millones de personas, solo 1,7 millones lograron limpiar efectivamente su historial financiero, debido a problemas de difusión y a las dificultades operativas dentro del sistema financiero.
Con el archivo del nuevo proyecto, millones de colombianos seguirán enfrentando restricciones económicas derivadas de los reportes negativos en centrales de riesgo, mientras permanece congelada la posibilidad de un nuevo alivio legislativo.
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