De acuerdo con versiones de testigos, el comunicador habría sido interceptado por hombres armados, presuntamente integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”. Según las denuncias conocidas hasta el momento, Pérez habría sido retenido y posteriormente asesinado en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.
La recuperación del cuerpo se produjo el 8 de mayo con el acompañamiento de una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), mientras una comisión de Medicina Legal se desplazó hasta la zona para adelantar las diligencias de identificación y análisis forense.
El crimen generó múltiples reacciones desde distintos sectores políticos, institucionales y periodísticos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó el asesinato y advirtió sobre las condiciones extremas de riesgo que enfrentan los periodistas regionales en Colombia.
“A los periodistas los matan cuando salen del periódico, cuando entran a la emisora, cuando hacen reportería en una zona vedada o cuando preguntan por algo que los poderes de facto quieren mantener en silencio”, señaló la organización en un comunicado.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, lamentó la muerte del periodista y aseguró que “el ejercicio del periodismo debe estar libre de violencia”, mientras que la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, pidió explicaciones sobre la continuidad de diálogos de paz con estructuras armadas vinculadas a alias “Calarcá”.
Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón responsabilizó políticamente al Gobierno nacional y cuestionó la política de “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro. “Este dolor es una injusticia, un daño irreparable que fue autoinfligido por contemporizar con cuanto bandido aparece”, afirmó.
A las críticas se sumaron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el exministro Juan Carlos Pinzón; y el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quienes rechazaron el asesinato y pidieron acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.
El periodista José Guarnizo, director de Vorágine, recordó a Mateo Pérez como un joven reportero comprometido con el trabajo de campo y denunció el control territorial ejercido por grupos armados en el norte de Antioquia. “Contar historias en este país es una condena a muerte”, expresó.
El asesinato de Mateo Pérez vuelve a poner sobre la mesa la crítica situación de seguridad para los periodistas en Colombia, especialmente en zonas donde persisten economías ilegales y presencia de actores armados. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de prensa han insistido en la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio periodístico y evitar que estos crímenes queden en la impunidad.
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