Desde el atentado ocurrido el 7 de junio del año pasado, durante un mitin político, se abrió un intenso debate nacional sobre las condiciones de seguridad con las que contaba el dirigente del Centro Democrático. La investigación puso el foco en la UNP y en la eventual responsabilidad de sus directivos por una presunta omisión en la adopción de medidas de protección adecuadas.
La defensa, encabezada por el penalista Víctor Mosquera, había celebrado inicialmente la decisión de la Fiscalía de avanzar con la imputación. Mosquera recordó que un juez ya había concluido que Miguel Uribe Turbay no recibió la protección necesaria y que, según el expediente, en al menos 23 ocasiones se omitió el ofrecimiento de esquemas de seguridad. “Se le debían mejorar sus condiciones de seguridad. Esto es muy grave, porque tenemos que investigar si fue por omisión que sucedieron estos hechos”, afirmó en su momento el abogado.
Sin embargo, la imputación contra Rodríguez se frenó de manera inesperada, oficialmente debido a un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía. Esta explicación, lejos de disipar las dudas, ha alimentado interrogantes sobre el manejo interno del caso y la oportunidad de la decisión.
El abogado Sócrates Saavedra sostuvo que, si bien la Fiscalía es titular de la acción penal y tiene la facultad de retirar una citación a imputación, hacerlo en un caso de esta sensibilidad resulta altamente problemático. “Este tipo de decisiones, con un tufillo a impunidad, son extrañas, vulneran los derechos de las víctimas y refuerzan la teoría de posibles influencias para evitar judicializar a los máximos responsables del magnicidio”, señaló.
En la misma línea, el jurista Fabio Humbar advirtió que el reversazo “deja un muy mal sabor” y abre la puerta a interpretaciones indeseables, como eventuales presiones políticas. A su juicio, la Fiscalía debe aclarar con total transparencia si la decisión obedece realmente a razones técnicas y de competencia.
Por su parte, el penalista Francisco Bernate calificó el hecho como inusual desde el punto de vista jurídico. “Los fiscales son autónomos, pero no tiene sentido que se agende una imputación y luego se reverse. Esto no ocurre ni siquiera en casos de gran magnitud”, afirmó.
Finalmente, el abogado Duván Castañeda explicó que la suspensión de la imputación no cierra definitivamente la puerta a una nueva convocatoria. Según indicó, es posible que el fiscal del caso haya optado por realizar más actos de investigación para fortalecer los elementos probatorios y sustentar de manera más sólida una eventual imputación futura.
Mientras tanto, el reversazo mantiene en vilo a las víctimas y vuelve a poner bajo escrutinio público la actuación de la Fiscalía en uno de los casos más sensibles del país.
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