La movilización, realizada los días 19 y 20 de enero de 2026, fue convocada como medida de presión frente a la crisis presupuestal que atraviesa la Defensoría del Pueblo y al incumplimiento en el pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre de 2025. Según había advertido el sindicato, esta situación ponía en riesgo la continuidad del servicio de defensa pública y afectaba de manera directa a miles de usuarios del sistema judicial.
De acuerdo con ASDEP, la jornada fue liderada por su presidenta, Belkys de las Salas, y contó con el respaldo de otros sindicatos del sector. Como resultado de la protesta, representantes sindicales sostuvieron una reunión este lunes a las 11:00 de la mañana con delegados del Ministerio de Hacienda, en la que se alcanzó un compromiso de pago.
“El sindicato ASDEP y las demás organizaciones sindicales informan que, gracias a la lucha sindical y a la jornada ‘Un día sin audiencias’, nuestra voz fue escuchada y se logró un acuerdo en diálogo con el Ministerio de Hacienda”, señala el pronunciamiento. Según lo acordado, la fecha de pago será el 21 de enero de 2026 y cobijará a todos los defensores públicos del país y a los contratistas de la Defensoría del Pueblo.
La organización sindical había explicado previamente que la decisión de suspender audiencias fue adoptada tras agotar instancias de diálogo y advertir sobre los efectos del recorte presupuestal impuesto a la Defensoría del Pueblo. ASDEP recordó que no se trata de una problemática nueva y evocó la jornada nacional de movilización realizada el 28 de enero de 2020, cuando ya se denunciaban condiciones de precarización laboral similares.
En reiteradas oportunidades, ASDEP ha manifestado la necesidad de garantizar un trato digno y respetuoso para los servidores públicos que integran el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Entre sus principales demandas se encuentran la nivelación salarial, la regulación de un horario laboral justo y la equiparación de condiciones frente a otros actores del sistema judicial, como la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento del principio constitucional de igualdad de armas.
El sindicato también ha alertado sobre la persistencia de problemas estructurales como la inestabilidad contractual, la baja remuneración, la falta de prestaciones sociales, la sobrecarga laboral y la desigualdad salarial, factores que —según advierte— no solo afectan a los trabajadores, sino que debilitan el acceso efectivo a la justicia para la población más vulnerable.
Por ello, además del cumplimiento del pago acordado, ASDEP insiste en la necesidad de mayor presupuesto para la Defensoría del Pueblo y reclama la autonomía financiera, administrativa y funcional del Sistema Nacional de Defensoría Pública, en línea con los Principios de París que rigen a las instituciones nacionales de derechos humanos.
El comunicado final del sindicato está suscrito por Martha Reina, presidenta nacional de ASDEP, y Belkys D. de las Salas, presidenta de la Subdirectiva Regional Atlántico, quienes destacaron que el acuerdo alcanzado representa un avance, aunque subrayaron que continuarán vigilantes para que los compromisos se cumplan y se adopten soluciones de fondo a la crisis del sistema de defensa pública.
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