Gobierno alista decreto para reducir inversiones externas de fondos privados de pensiones y desata debate económico

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que en los próximos días publicará un proyecto de decreto que reducirá el límite de inversiones en el exterior de los fondos privados de pensiones, pasando del 49% actual a un tope del 30%. La medida impactará a más de 18 millones de trabajadores afiliados a estos fondos y obligará a las administradoras a repatriar los recursos que superen ese umbral en un plazo máximo de cinco años, aunque la meta del Ejecutivo es que el proceso se complete en tres.

Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el ajuste tendrá un enfoque gradual para evitar choques abruptos en los mercados. “Esta semana se publica el proyecto de decreto. Se va a conocer y se va a publicar esta semana”, señaló en declaraciones a Caracol Radio. Según el Gobierno, la nueva regulación permitiría redirigir hacia la economía nacional entre 120 y 250 billones de pesos que hoy se encuentran invertidos en activos internacionales, con el objetivo de fortalecer la inversión, el crédito y el financiamiento interno.

Desde el Ejecutivo, el argumento central es que el ahorro pensional debe cumplir un papel más activo en el impulso de la economía local. El presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa a través de su cuenta en X, donde afirmó que “bajo condiciones de bajo ahorro, es una estupidez sacar nuestro poco ahorro”. A su juicio, buena parte del ahorro de las familias colombianas se concentra en los fondos de pensiones, por lo que considera conveniente traer esos recursos al país, siempre de manera progresiva y sin frenar el flujo anual de inversiones.

El Ministerio de Hacienda aclaró que la medida solo recaerá sobre las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y los cotizantes activos. Los pensionados actuales no se verán afectados, ya que sus mesadas no dependen de la composición futura de los portafolios. La transición para ajustar las inversiones podrá extenderse hasta cinco años, aunque el Gobierno insiste en que el escenario ideal es cumplir el objetivo en tres.

Actualmente, los límites para invertir fuera del país varían según el perfil de riesgo de cada afiliado. En los portafolios de mayor riesgo, el porcentaje de inversión internacional puede llegar hasta el 70%, mientras que en los perfiles conservadores ronda el 40%. Con el nuevo tope general del 30%, las AFP tendrían que reformular de manera significativa la composición de sus carteras, lo que podría implicar la venta de activos en mercados internacionales para cumplir con la norma.

El anuncio encendió las alertas en el sector pensional y entre analistas económicos. En diciembre de 2025, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, ya había advertido sobre los riesgos de una repatriación acelerada de capitales, tanto para la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores como para la estabilidad cambiaria. Según el gremio, una venta forzada de activos internacionales podría afectar los retornos de largo plazo y generar presiones sobre el mercado de divisas.

Las críticas se intensificaron luego de que Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), cuestionara públicamente la medida y revelara que su oposición fue una de las razones de su salida del cargo. En un mensaje en X, Higuera planteó un escenario de fuerte revaluación del peso: “¿Alguien ha calculado realmente qué pasaría con la TRM si se repatriaran USD125 billones en ahorros pensionales? ¿Estamos dispuestos a ver un dólar a $2.500 solo por ‘traer la inversión al país’? El ahorro de los colombianos no es un botón de pánico macroeconómico”.

Desde el punto de vista técnico y jurídico, la consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP) formuló cuatro objeciones de fondo al proyecto de decreto. En primer lugar, advirtió que la medida podría vulnerar el derecho de propiedad y de ahorro, protegidos por los artículos 58 y 335 de la Constitución, al tratarse de recursos que pertenecen exclusivamente a los afiliados. Forzar la liquidación de inversiones internacionales, señaló, podría perjudicar el encargo fiduciario y obligar a vender activos rentables en condiciones desfavorables.

En segundo término, ISP alertó que una mayor concentración de los portafolios en instrumentos locales incrementaría el riesgo y podría agotar las reservas en escenarios de crisis financiera, comprometiendo el principio de sostenibilidad del sistema pensional consagrado en el artículo 48 de la Constitución. También sostuvo que restringir la diversificación internacional es una medida regresiva, ya que reduce la protección frente a la inflación, la devaluación y la volatilidad cambiaria, debilitando la capacidad de los fondos para preservar el poder adquisitivo de los futuros pensionados.

Finalmente, la consultora cuestionó que el Gobierno intente modificar el régimen legal del ahorro pensional mediante un decreto, lo que, a su juicio, excede las facultades reglamentarias del Ejecutivo y contraviene la Ley 100 de 1993, que garantiza la diversificación del riesgo en la administración de los fondos. Por estas razones, propuso que las AFP evalúen la posibilidad de inaplicar la norma y promover su nulidad por la vía legal.

Mientras el proyecto de decreto se alista para su publicación, el debate queda abierto entre quienes ven en la medida una oportunidad para fortalecer la economía nacional y quienes advierten sobre los riesgos financieros, jurídicos y pensionales que podría acarrear para millones de trabajadores colombianos.