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| Alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez; de Cartagena, Dumek Turbay; de Barranquilla, Alejandro Char; de Bogotá, Carlos Galán y de Cali, Alejandro Eder. |
La certificación, exigida por la legislación estadounidense, se renueva anualmente antes del 15 de septiembre, cuando la Casa Blanca presenta al Congreso un informe sobre la cooperación de los países productores o de tránsito de drogas ilícitas. En esta ocasión, Colombia enfrenta un escenario crítico. Según un análisis publicado por la revista Semana, los indicadores del último año en la lucha contra el narcotráfico son “en gran mayoría pobres”, lo que aumenta la posibilidad de una descertificación que no se produce desde los años noventa.
Consecuencias inmediatas
El impacto de una medida de este tipo sería severo. De acuerdo con el informe, la pérdida de la certificación significaría el cese inmediato de la asistencia económica de Estados Unidos en la lucha contra economías ilegales. Esto incluiría la suspensión de recursos que hoy financian operaciones clave como vuelos de helicópteros de combate y la movilización de tropas hacia zonas de conflicto.
Pero la afectación iría más allá de lo militar. Una cascada de consecuencias se derivaría en el frente económico: dificultades para acceder a créditos de organismos internacionales, imposición de aranceles a las exportaciones colombianas y un posible veto a inversiones de compañías estadounidenses en el país.
Alejandro Eder, alcalde de Cali, resumió la dimensión de la amenaza: “Invertir en nuestras ciudades significa reducir el riesgo de descertificación, salvaguardar la alianza estratégica entre Estados Unidos y Colombia y consolidar la democracia”.
Cali, símbolo de la vulnerabilidad
El caso de Cali se ha convertido en un ejemplo de la fragilidad del escenario actual. La ciudad ha sido blanco de tres atentados recientes atribuidos a la columna ‘Jaime Martínez’, disidencia de las Farc que controla el negocio de la coca en las montañas de Jamundí.
El ataque más grave ocurrió el 21 de agosto, cuando un camión cargado con cilindros de gas explotó frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. El atentado dejó seis muertos, cerca de 80 heridos y una vasta zona comercial destruida, en lo que fue catalogado como el golpe terrorista más fuerte en dos décadas en la capital del Valle.
Eder subrayó que la falta de recursos de cooperación ya es evidente: “no fue posible detectar los camiones que viajaron cargados con explosivos desde el Cauca hasta Cali, ni prevenir el atentado que le costó la vida al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”. Para el mandatario local, sin la ayuda militar de Estados Unidos, la amenaza se tornaría “incontrolable”.
Una agenda intensa en Washington
La visita de los cinco alcaldes está programada para los días 8 y 9 de septiembre. En la agenda figuran encuentros con altos funcionarios del Departamento de Estado y congresistas de ambas bancadas.
El objetivo es doble: pedir que Colombia no sea descertificada y proponer un modelo de cooperación renovado, que trascienda las medidas punitivas y abarque seguridad, desarrollo económico, fortalecimiento democrático y atención al fenómeno migratorio. Los mandatarios también insistirán en que se refuerce la cooperación policial y militar directa con las ciudades y en la necesidad de ampliar programas de prevención de la violencia.
Tensiones con el Gobierno
El movimiento de los alcaldes no ha sido bien recibido en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales la mañana del 5 de septiembre, afirmando que “estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta”.
La respuesta no se hizo esperar. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, acusó a Petro de actuar “como un dictador” y defendió la legitimidad de su viaje. “Claro que iremos. Y sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia. Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado. Intentaremos mitigar el desastre que has generado”, publicó en su cuenta oficial de X.
Un pulso político y diplomático
La coyuntura abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno central y los mandatarios locales. Mientras Petro insiste en que la representación del país corresponde únicamente a la Presidencia, los alcaldes sostienen que sus gestiones buscan proteger a los ciudadanos y defender la relación estratégica con Estados Unidos.
La semana próxima será decisiva. Si Washington opta por descertificar a Colombia, el golpe se sentirá en los frentes militar, económico y diplomático. Pero si los alcaldes logran persuadir a la administración estadounidense, habrán marcado un precedente histórico en la diplomacia local, al posicionarse como interlocutores directos frente a la primera potencia mundial.
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