Descertificación de EE.UU. a Colombia reaviva debate político y cuestionamientos al gobierno Petro


La decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas desató este martes una tormenta política en el país, con reacciones que abarcan desde llamados a la diplomacia hasta fuertes críticas a la estrategia del presidente Gustavo Petro. Aunque el anuncio supone un revés simbólico para la relación bilateral, el gobierno de Donald Trump concedió un waiver o exención, lo que permite mantener la cooperación antinarcóticos por considerarla de interés nacional para Washington.

“El presidente Donald Trump ha determinado que el gobierno colombiano incumplió sus obligaciones de control de drogas, pero ha emitido una exención para que la crucial cooperación estadounidense, incluida la antinarcóticos, pueda continuar. Los resultados importan: ¡debemos ver progreso y debe ser pronto!”, señaló el Departamento de Estado en su cuenta de X.

Un golpe anunciado

La medida era esperada en distintos círculos políticos y académicos, pues los informes oficiales anticipaban un deterioro en los indicadores de la lucha antidrogas. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en 2023 Colombia registró unas 253.000 hectáreas de coca sembradas, cifra récord.

El gobierno había fijado una meta de erradicación de 30.000 hectáreas para este año, pero hasta ahora solo se han destruido menos de 5.000. A ello se suma la caída en las incautaciones como porcentaje de la producción potencial de cocaína.

Pese a los viajes recientes del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y de la cúpula militar a Washington para mostrar avances, los resultados no convencieron. “En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”, agregó el Departamento de Estado.

El propio Petro había anticipado el anuncio en un consejo de ministros: “Los Estados Unidos nos descertifican, después de decenas de muertes de policías, de soldados, de gente del común, tratando de evitar que les llegue la cocaína. Todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, sino para impedir que la sociedad norteamericana se embadurne las narices”.

Hablan los expresidentes

El expresidente Ernesto Samper, quien vivió una situación similar en 1996 durante el escándalo del proceso 8.000, restó dramatismo al hecho: “No es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro”.

Por el contrario, Iván Duque responsabilizó directamente a la administración actual. En un mensaje en X señaló: “Desmonte de los grupos manuales de erradicación; crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos; las más bajas incautaciones como porcentaje de la producción potencial en décadas; y tratamiento complaciente a narcotraficantes bajo la ‘paz total’, mejor conocida como paz fatal”.

Por su parte la ex canciller y futura embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, se alineó con la visión de Palacio: “Hemos entregado miles de vidas a esta guerra. Con Estados Unidos compartimos más de 200 años de historia: que la diplomacia guíe ese nuevo desafío”.

Sin embargo, la descertificación condicionada coloca a la política exterior colombiana en una posición frágil. Washington no cerró la puerta a la cooperación, pero dejó claro que exigirá resultados verificables en el corto plazo.

Precandidatos y voces en disputa

En medio del ambiente electoral, los precandidatos presidenciales aprovecharon la coyuntura. El conservador Efraín Cepeda calificó la decisión como “un duro golpe que revela la desconexión entre discursos y realidades. La indolencia del gobierno Petro genera consecuencias que padece el pueblo colombiano”.

El economista y exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, hizo un llamado a la unidad: “No es momento de llorar sobre la leche derramada. El país necesita más esfuerzos, incluyendo a Petro y su Gobierno, para recuperar la confianza internacional”.

En contraste, la congresista del Pacto Histórico y aspirante presidencial Gloria Flórez cuestionó la medida por considerarla “colonial e ilegítima”. “Colombia no se arrodilla. Hemos puesto los muertos y la sangre en una guerra impuesta, mientras en el norte su juventud muere por fentanilo y drogas sintéticas. El problema no es la coca en Colombia, es la adicción en Estados Unidos”, sostuvo.

La senadora uribista María Fernanda Cabal fue categórica: “El Presidente prefirió hacerse del lado de los bandidos que de los colombianos que luchamos contra la violencia del narcotráfico”. En la misma línea, el representante Andrés Forero acusó a Petro de “complacencia con narcos” y el concejal bogotano Julián Uscátegui afirmó que “la decisión de Trump era inevitable, porque Petro prefirió consentir a los narcotraficantes antes que combatirlos”.

La descertificación de 2025 revive un debate histórico sobre la dependencia de Colombia frente a la política antidrogas de Estados Unidos. En 1996, el gobierno de Samper enfrentó una crisis similar; en aquella ocasión, Washington suspendió ayudas clave, lo que obligó a Bogotá a replantear su estrategia y abrió paso años después al Plan Colombia, que canalizó más de 10.000 millones de dólares en cooperación militar y social.

Hoy, con un escenario distinto, el reto para Petro es doble: convencer a Estados Unidos de que su enfoque —centrado en la sustitución voluntaria de cultivos, la reforma rural y la negociación con grupos armados— puede dar resultados, y al mismo tiempo mantener la estabilidad política interna frente a una oposición que ve en la descertificación la prueba del fracaso de su política de “paz total”.

El futuro inmediato

Aunque el waiver mantiene en pie la cooperación bilateral, el mensaje de Washington es claro: habrá tolerancia cero frente a la falta de resultados. Los próximos informes de monitoreo de cultivos y las estadísticas de incautación serán decisivos para definir si Colombia logra recuperar la certificación o si la brecha con Estados Unidos se profundiza.

Por ahora, la descertificación funciona como un campanazo de alerta. En medio de un clima político crispado y de un proceso electoral en marcha, el tema del narcotráfico vuelve a ocupar el centro del debate nacional, evidenciando que, más allá de ideologías, sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales para Colombia.

Publicar un comentario

0 Comentarios