En Colombia, Gobierno exige al ELN liberar a los cuatro secuestrados y rechaza uso del secuestro como presión política


El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, lanzó un contundente pronunciamiento contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras la difusión de nuevas pruebas de supervivencia de los cuatro funcionarios estatales que permanecen en cautiverio: dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y dos patrulleros de la Policía Nacional.

Durante un mensaje oficial difundido a través de las redes sociales del Ministerio, el alto funcionario reafirmó el respaldo del Gobierno nacional a las víctimas y sus familias, rechazó el uso del secuestro como herramienta de presión y pidió al ELN “demostrar humanidad” liberándolos sin condiciones.

“A nuestros dos policías y dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN: no los hemos abandonado. Reconocemos su valentía y estamos seguros de que regresarán pronto a casa, sanos y salvos. Todo el Estado está con ustedes”, expresó Sánchez Suárez, visiblemente conmovido.

El ministro calificó el secuestro como un crimen que vulnera los derechos humanos y la dignidad de las personas, y subrayó que “no puede considerarse un acto político, sino una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario”.

Con tono firme, el jefe de la cartera de Defensa envió un mensaje directo al grupo armado:

“Si el ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos. Es más, tienen la oportunidad de desmovilizarse. Háganlo. Su familia también los espera”.

Sánchez cuestionó además el supuesto carácter “revolucionario” con el que la guerrilla pretende justificar sus acciones.

“No entiendo qué hay de revolucionario en secuestrar. No entiendo qué hay de revolucionario en llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios de la Fiscalía. No entiendo qué de revolucionario tiene evitar que se lleve paz, salud, educación y trabajo digno a la gente de Arauca”, sentenció.

El ministro reiteró que las Fuerzas Militares y de Policía no claudicarán en su misión de proteger a los colombianos, y aseguró que el Gobierno no cederá ante el chantaje ni la intimidación.

“Someter a un ser humano a los peores vejámenes como el secuestro no es un acto político, es un crimen”, insistió.

Rechazo de las Fuerzas Militares y denuncia internacional

El pronunciamiento del ministro fue respaldado por el comandante general de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, quien también condenó el secuestro y confirmó que se activaron los mecanismos de denuncia ante las autoridades nacionales e internacionales, al tiempo que se mantienen las operaciones de inteligencia para ubicar a los responsables.

“Cada minuto que permanezcan privados de la libertad constituye una afrenta no solo a las Fuerzas Militares, sino al Estado colombiano y a todo un país que anhela la paz”, afirmó Cubides.

El alto mando calificó el hecho como “un vil secuestro que vulnera la libertad y la dignidad humana”, y enfatizó que los uniformados bajo su mando permanecen “firmes, desplegados y determinados a garantizar su regreso sanos y salvos”.

Cubides aprovechó su intervención para denunciar ante la comunidad internacional la gravedad del delito y reiterar el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

El ELN anuncia un “juicio revolucionario”

Los pronunciamientos del Gobierno se producen tras el polémico anuncio del ELN de iniciar un “juicio revolucionario” contra los secuestrados, argumentando supuestos retrasos en las negociaciones con el Estado.

En un video divulgado por el Frente de Guerra Oriental, la guerrilla aseguró que los cautivos —Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del CTI, y los patrulleros Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia, de la Dijín— serían “juzgados” bajo su propia jurisdicción insurgente y podrían enfrentar penas de tres a siete años de prisión.

Aunque el grupo armado prometió “preservar la vida de los prisioneros”, las condiciones del cautiverio continúan siendo inciertas, y las autoridades desconocen el lugar exacto donde se encuentran los funcionarios, quienes llevan más de cuatro meses secuestrados.

Pacheco y López fueron capturados el 8 de mayo en Fortul (Arauca), mientras que Pérez y Hoyos fueron interceptados el 20 de julio en la vía Tame–Arauca. Las pruebas de vida difundidas el 20 de octubre mostraron a los cautivos enviando mensajes al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, pidiendo gestiones urgentes para su liberación y relatando problemas de salud derivados del prolongado encierro.

Crece la presión por su liberación

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares han intensificado sus llamados al ELN para que ponga fin al secuestro y libere a los funcionarios sin condiciones, reiterando que la privación de la libertad no puede usarse como herramienta de negociación política.

El Gobierno también ha pedido el apoyo de organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que históricamente han acompañado procesos de liberación humanitaria en Colombia.

Entre tanto, las familias de los cautivos continúan aferradas a la esperanza de su regreso. Desde diferentes regiones del país se han realizado marchas, vigilias y plantones en solidaridad con las víctimas, mientras el clamor ciudadano por la paz y la libertad vuelve a ocupar el centro del debate público.

El caso, que ha generado indignación nacional e internacional, reaviva las dudas sobre el compromiso real del ELN con el proceso de paz, actualmente en curso con el Gobierno.

Analistas advierten que el grupo armado busca obtener beneficios políticos y estratégicos a través de la presión sobre el Estado, en una práctica que recuerda los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.

En medio del dolor y la incertidumbre, el mensaje del Gobierno es claro: la paz no puede construirse sobre el sufrimiento humano.

“La confianza se gana con hechos, no con secuestros”, concluyó Sánchez Suárez, al reiterar que la prioridad del Estado es el retorno seguro de los cuatro funcionarios y la defensa de los valores democráticos que sostienen a la nación.


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