El hundimiento de un barco venezolano por parte del ejército de Estados Unidos en aguas del Caribe ha desatado una tormenta política, diplomática y jurídica de alcance global. El episodio, ocurrido la semana pasada y anunciado con bombos y platillos por el expresidente Donald Trump, reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza militar en la lucha antidrogas y plantea interrogantes sobre la legalidad de una acción que dejó 11 muertos y ninguna prueba presentada públicamente sobre el supuesto cargamento ilícito.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados bajo condición de anonimato, la embarcación había alterado su rumbo y parecía estar retrocediendo cuando un avión de vigilancia militar fue avistado desde cubierta. Poco después, helicópteros y aeronaves artilladas abrieron fuego de manera reiterada hasta hundirla.
“El barco ya se había dado la vuelta, la amenaza había desaparecido”, declaró un alto oficial retirado de la Marina, poniendo en entredicho la versión oficial de defensa propia. Según estas fuentes, la operación incluyó varios ataques consecutivos incluso después de que la nave quedara inutilizada.
El video divulgado por Trump en redes sociales —una grabación de 29 segundos con imágenes aéreas de una lancha rápida seguida de una explosión— tampoco mostraría la secuencia completa de los hechos. Funcionarios familiarizados con la misión aseguraron que se omitieron partes claves, como el cambio de rumbo del navío y los disparos posteriores a su inmovilización.
Trump y la narrativa de la "guerra contra las drogas"
Trump se apresuró a anunciar la acción, atribuyendo el barco al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana con creciente presencia en América Latina. “Matamos a 11 narcoterroristas que intentaban envenenar a nuestro país”, afirmó el exmandatario, sin presentar pruebas de que la embarcación transportara drogas ni de que su destino fuera realmente Estados Unidos. Inicialmente, miembros de su equipo habían sugerido que el barco se dirigía hacia Trinidad y Tobago.
El ataque se inscribe en la línea dura que Trump defendió durante su mandato contra el narcotráfico. El republicano llegó a proponer la pena de muerte para narcotraficantes y en varias ocasiones elogió al expresidente filipino Rodrigo Duterte por la campaña de ejecuciones extrajudiciales emprendida en su país, hoy objeto de investigación en la Corte Penal Internacional.
En julio, Trump firmó una directiva secreta que autorizaba al Pentágono a usar la fuerza militar contra grupos criminales designados como organizaciones terroristas, rompiendo con la tradición de tratar el narcotráfico bajo un enfoque policial y judicial. El ataque contra la nave venezolana parece ser una de las primeras aplicaciones de esa orden.
La polémica legal: ¿acto de guerra o exceso presidencial?
La Casa Blanca defendió la operación como un acto de defensa propia. La portavoz Anna Kelly aseguró que Trump actuó “de acuerdo con las leyes de los conflictos armados para proteger al país de narcoterroristas”. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue aún más categórico: “Las personas que intentan contrabandear drogas hacia Estados Unidos representan una amenaza inmediata”.
El argumento se apoya en un razonamiento inusual: dado que más de 100.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis, la introducción de drogas en territorio nacional equivaldría a un ataque armado. Bajo esa lógica, el presidente tendría potestad para responder con fuerza militar letal.
Sin embargo, juristas y exjefes legales militares han desestimado la justificación. El contralmirante Donald Guter, exjuez abogado general de la Marina, se preguntó: “Si alguien se está retirando, ¿dónde está la amenaza inminente?”. James McPherson, quien también ocupó ese cargo y luego fue abogado general del Ejército durante el gobierno de Trump, coincidió: “Si el barco dio la vuelta, la base legal para el ataque desaparece”.
Geoffrey Corn, exasesor principal del Ejército en derecho de guerra, advirtió que el caso sienta “un precedente terrible”: “Hemos cruzado un límite”, sentenció, al subrayar que la orden de Trump no estaba justificada como acto de defensa propia.
Tradicionalmente, las operaciones antidrogas en el Caribe han estado en manos de la Guardia Costera, que con apoyo de la Marina intercepta barcos, confisca cargamentos ilícitos y arresta a las tripulaciones para llevarlas a juicio. La diferencia es clara: se aplican procedimientos de justicia penal, no reglas de enfrentamiento bélico.
El ataque también recuerda las medidas de Duterte en Filipinas, donde miles de presuntos narcotraficantes fueron asesinados sin juicio previo. Para críticos de Trump, el episodio demuestra su inclinación a trasladar problemas de seguridad interna al terreno militar, con el riesgo de violar el derecho internacional y erosionar normas básicas de derechos humanos.
El episodio ha polarizado al Capitolio. El senador republicano Rand Paul tachó de “despreciable e irreflexivo” glorificar el asesinato de sospechosos sin pruebas ni juicio. El demócrata Jack Reed, miembro del Comité de Servicios Armados, recalcó que Estados Unidos no presentó evidencia de que el barco llevara drogas. “La regla es clara: solo disparas si te disparan”, afirmó.
No obstante, la operación también recibió aplausos entre halcones de seguridad nacional. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebró: “Hay 11 narcoterroristas en el fondo del océano. Cuando otros intenten lo mismo, correrán la misma suerte”.
Preguntas abiertas: ¿qué transportaba el barco?
La ausencia de pruebas ha alimentado el escepticismo. Algunos expertos dudan de que una embarcación de ese tamaño requiriera 11 tripulantes. Aunque funcionarios estadounidenses insinuaron que la carga era cocaína, críticos creen improbable que se tratara de fentanilo, principal causante de muertes por sobredosis en EE. UU., dado el tipo de embarcación.
El destino final del navío tampoco está claro. Rubio mencionó en un principio islas del Caribe, pero luego el gobierno lo presentó como una amenaza directa a territorio estadounidense. La falta de coherencia incrementa las sospechas de que la narrativa oficial busca justificar a posteriori una acción ya ejecutada.
Más allá del debate legal, el ataque tiene repercusiones en la política regional. Venezuela denunció que se trató de una “ejecución sumaria en aguas internacionales” y acusó a Estados Unidos de violar la soberanía marítima y el derecho internacional. Organismos de derechos humanos han advertido que el precedente podría abrir la puerta a una “militarización sin control” de la lucha antidrogas.
La preocupación no es infundada. Trump bromeó en público con que incluso los pescadores podrían pensárselo dos veces antes de hacerse a la mar. “Ni siquiera sé qué pasará con los pescadores. Puede que digan: ‘No voy a subir al barco. No voy a arriesgarme’”, ironizó. Para analistas, el comentario refleja una peligrosa banalización de la violencia.
El contexto político también es relevante. En medio de un año electoral, Trump ha buscado reforzar su imagen de líder implacable frente al crimen. Sus asesores presentaron el ataque como el inicio de una “guerra” contra los cárteles latinoamericanos. El discurso conecta con un sector de su base electoral que demanda mano dura, aunque a costa de posibles fricciones diplomáticas y controversias legales.
¿Un nuevo paradigma de seguridad?
El episodio plantea un dilema mayor: ¿puede el narcotráfico ser tratado bajo las leyes de guerra, al mismo nivel que una amenaza terrorista internacional? Para los críticos, la respuesta es un rotundo no. Argumentan que, al igual que en décadas anteriores, la vía debe seguir siendo la cooperación policial y judicial, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
No obstante, la estrategia de Trump podría marcar un punto de inflexión. Si se consolidara la idea de que los narcotraficantes son “combatientes enemigos”, ello transformaría radicalmente la manera en que Washington enfrenta la crisis de drogas, con implicaciones no solo legales, sino también diplomáticas y humanitarias.
Conclusión: una frontera peligrosa
El hundimiento del barco venezolano deja más preguntas que respuestas. ¿Había realmente drogas a bordo? ¿Existía una amenaza inminente para Estados Unidos? ¿Fue una operación de defensa propia o una ejecución sumaria ordenada desde la Casa Blanca?
Mientras no se esclarezcan estas dudas, la sombra de la ilegalidad y el abuso seguirá pesando sobre el episodio. Como advirtió el jurista Corn, “cruzar este límite” podría abrir un camino incierto, donde la lucha contra las drogas se confunda con actos de guerra y el mar Caribe se convierta en escenario de operaciones militares de consecuencias imprevisibles.
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