Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva


El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años y tres meses de prisión por intentar dar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, según dictaminó la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF). La decisión, adoptada por cuatro votos a uno, marca un hito judicial sin precedentes en la historia reciente del país y sella el futuro político del líder de la derecha y ultraderecha brasileña.

El fallo considera a Bolsonaro “jefe” de una organización criminal armada que buscó desconocer los resultados de las elecciones de 2022, en las que Lula se impuso en segunda vuelta. De acuerdo con la Fiscalía General, el expresidente pretendía “romper el estado democrático de derecho” para aferrarse al poder y abrir camino a una dictadura.

La votación decisiva

El voto determinante fue emitido por Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala y exabogado de Lula, quien subrayó en su decisión que las pruebas presentadas eran contundentes. Lo acompañaron los magistrados Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino, mientras que Luiz Fux fue el único en oponerse a que el STF llevara adelante el proceso.

Con esta mayoría, Bolsonaro queda sin posibilidad de apelar la sentencia ante el pleno del tribunal. El STF aún debe discutir detalles relacionados con la duración exacta de las penas, tanto para él como para otros acusados, pero la responsabilidad del exmandatario quedó firme.

La red golpista

Junto a Bolsonaro, fueron sentenciados varios de sus colaboradores más cercanos y antiguos miembros de las Fuerzas Armadas. Entre ellos destacan:

Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).

Almir Garnier, excomandante de la Marina, condenado a 24 años de prisión.

Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, con la misma pena.

Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional, sentenciado a 21 años.

Mauro Cid, exasesor presidencial y denunciante del intento de golpe.

Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, condenado a 19 años.

Walter Souza Braga Netto, exjefe del Estado Mayor, a 26 años.

La Fiscalía sostiene que todos ellos integraban un entramado articulado para impedir la toma de posesión de Lula.

Una conspiración prolongada

El STF concluyó que la conspiración comenzó en junio de 2021, más de un año antes de las elecciones presidenciales, cuando Lula empezaba a repuntar en las encuestas. Desde entonces, Bolsonaro desplegó una campaña sistemática de descrédito contra el sistema electoral y las instituciones brasileñas.

Tras su derrota en octubre de 2022, la retórica se transformó en acción. Hubo protestas masivas, atentados frustrados y campamentos de simpatizantes bolsonaristas frente a cuarteles militares, en los que exigían que el Ejército impidiera la investidura de Lula.

El 1 de enero de 2023, Lula asumió el poder en un clima de tensión. Apenas una semana después, miles de activistas de ultraderecha salieron desde los campamentos para protagonizar el asalto violento a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la propia Corte Suprema en Brasilia. La Fiscalía considera que ese ataque fue el corolario de la trama golpista, dirigida personalmente por Bolsonaro.

Repercusiones políticas

La condena deja a Bolsonaro en una situación de inhabilitación política irreversible y abre un nuevo capítulo en la justicia brasileña. El fallo fortalece a Lula, quien ha denunciado repetidamente los intentos de desestabilización que enfrentó desde su victoria electoral.

En Brasil, sectores progresistas celebraron el fallo como una defensa del orden democrático, mientras que simpatizantes del expresidente lo calificaron como una “persecución política”.

Aunque el proceso judicial aún debe definir la duración definitiva de las penas de cada acusado, la sentencia ya se perfila como un mensaje contundente contra quienes intenten quebrar la institucionalidad en el país más grande de América Latina.

Con esta decisión, el STF busca cerrar una etapa marcada por uno de los episodios más críticos de la democracia brasileña desde el fin de la dictadura militar en 1985.


Publicar un comentario

0 Comentarios