La decisión que Estados Unidos anunciará el próximo 15 de septiembre sobre la certificación antidrogas de Colombia mantiene expectantes a Bogotá y Washington. El veredicto definirá si se renueva la confianza en el país como socio clave en la lucha contra el narcotráfico o si, por el contrario, se envía un mensaje de advertencia que podría tensar la relación bilateral.
En juego están cerca de USD 450 millones anuales en
cooperación, recursos que sostienen programas de seguridad, defensa y
desarrollo social. La resolución podría oscilar entre la certificación plena,
la descertificación o una exención especial (waiver), figura que permite
mantener la asistencia a pesar de un pronunciamiento negativo. Cada escenario
abre interrogantes sobre el futuro de la cooperación y el margen de maniobra
del presidente Gustavo Petro frente a las presiones de Washington.
Riesgos para la cooperación
El exembajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker,
recordó en entrevista con la revista Semana que el gobierno norteamericano
“tiene la facultad de tomar muchas decisiones, desde cortar toda la ayuda a un
país hasta votar en contra de este en las instituciones financieras”. La
advertencia da cuenta de los riesgos que enfrenta el presidente Gustavo Petro,
quien ha planteado cambios de fondo en la estrategia antidrogas, como la
reducción de la erradicación forzosa y un mayor énfasis en sustitución de
cultivos.
De acuerdo con la Cámara de Comercio Colombo-Americana
(AmCham), existen cuatro escenarios posibles: una descertificación dura, una
descertificación moderada, una certificación condicionada por interés nacional
y una certificación plena. La mayoría de analistas, sin embargo, descartan
tanto la certificación total como la descertificación más severa, inclinándose
por un escenario intermedio.
Impacto en seguridad y programas sociales
Según AmCham, una descertificación dura podría implicar una
reducción de la cooperación entre el 60% y el 70%, es decir, entre USD 270
millones y USD 315 millones. Ello comprometería seriamente la capacidad
institucional del Estado y pondría en riesgo la continuidad de programas
estratégicos. Entre los rubros afectados estarían las horas de vuelo de
helicópteros y aviones, los repuestos para aeronaves, el entrenamiento de
pilotos, el combustible para buques de la Armada y los softwares de
inteligencia.
Un escenario más moderado —con recortes del 30% al 40%—
tendría consecuencias menos drásticas, pero impactaría proyectos sociales, de
justicia y de seguridad ciudadana que dependen en buena medida del
financiamiento externo. En ambos casos, el mensaje político hacia Colombia
sería de advertencia frente al cumplimiento de los compromisos en la lucha
antidrogas.
Un dilema político y diplomático
El recurso del waiver aparece como la alternativa más
probable, según coincidieron expertos consultados por La Silla Vacía. Este
mecanismo enviaría un mensaje de descontento desde Washington, pero al mismo
tiempo permitiría mantener la cooperación intacta, reconociendo que la fuerza
pública colombiana sigue siendo un aliado clave y que la relación bilateral
tiene un historial de más de cuatro décadas de estrecha colaboración.
Para el presidente Petro, la decisión marcará un punto de
inflexión. Una descertificación, incluso con exención, limitaría su margen de
maniobra frente a la Casa Blanca y pondría a prueba su estrategia de transición
hacia una política de drogas más orientada a la salud pública y al desarrollo
rural. Por su parte, Estados Unidos deberá equilibrar sus intereses: enviar un
mensaje firme contra el narcotráfico sin poner en riesgo un aliado estratégico
en la región.
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