El senador y dirigente de oposición Iván Cepeda Castro anunció que remitirá a autoridades de Estados Unidos los resultados de la investigación que presentó durante un debate de control político en el Senado, el pasado 27 de octubre, sobre lo que calificó como una presunta “contrarreforma agraria” del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
El congresista informó, el 2 de noviembre, que también promoverá acciones penales y disciplinarias contra el mandatario y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por hechos que, según sus denuncias, estarían relacionados con posibles favorecimientos a sectores vinculados al narcotráfico y el paramilitarismo.
“Los hallazgos de la investigación para el debate también se presentarán a las autoridades de Estados Unidos, dada la ciudadanía estadounidense de De la Espriella”, manifestó Cepeda en su cuenta de X. Según indicó, el presidente obtuvo la nacionalidad de ese país en febrero de 2023.
El senador anunció que acudirá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para denunciar al jefe de Estado por presunto concierto para delinquir en beneficio de narcotraficantes y paramilitares. También dijo que presentará una queja contra el ministro Dangond por supuestos fraude, falsedad documental y hostigamiento al campesinado.
Los señalamientos sobre el sector agrario
Durante el debate, Cepeda presentó siete casos y diez hechos que, a su juicio, demostrarían la existencia de relaciones entre funcionarios, empresarios, propietarios de tierras y personas vinculadas con estructuras ilegales.
El congresista denominó “narcorrentismo” al esquema que, según su interpretación, permitiría la influencia de capitales ilegales sobre entidades y decisiones relacionadas con la política de tierras.
Como sustento de sus afirmaciones, aseguró haber presentado certificados de tradición, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales. También cuestionó el nombramiento de 14 altos funcionarios en dependencias del sector agropecuario, al señalar que algunos habrían tenido relaciones profesionales, comerciales o jurídicas con la firma De La Espriella Lawyers o con el ministro Dangond.
Entre los asuntos expuestos mencionó presuntas operaciones empresariales relacionadas con personas investigadas o condenadas por narcotráfico y paramilitarismo. También hizo referencia a la empresa Dominio De la Espriella, distribuidora de Ron Defensor, y a Daniel Peñarredonda, antiguo socio de De La Espriella Lawyers, a quien relacionó con una acusación federal por lavado de activos en Tampa, Florida.
Cepeda sostuvo, además, que el Ministerio de Agricultura estaría frenando procesos de restitución de tierras y favoreciendo el retorno de predios a personas o redes relacionadas con estructuras ilegales. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias formuladas por el senador y deberán ser examinadas por las autoridades competentes.
El congresista también cuestionó la congelación de 1,4 billones de pesos destinados a la compra de tierras para campesinos, la reducción presupuestal de la cartera de Agricultura y decisiones administrativas que, según su interpretación, afectarían la protección del campesinado.
Ministro de Justicia pidió presentar pruebas
El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió a los señalamientos y pidió que las acusaciones contra el presidente y otros funcionarios sean sustentadas ante las autoridades con elementos probatorios.
“Que presenten pruebas”, expresó el funcionario, quien cuestionó que organigramas, escrituras antiguas y operaciones empresariales sean presentados como fundamento de conclusiones sobre posibles responsabilidades penales.
Cancino sostuvo que esos elementos deben ser valorados dentro de los procedimientos correspondientes y no reemplazan las pruebas ni las decisiones judiciales. También defendió la presunción de inocencia del presidente De La Espriella.
El ministro afirmó que el Gobierno cuenta con videos, fotografías, documentos, peritajes y auditorías para respaldar sus propias denuncias, y aseguró que esa información será remitida a las autoridades competentes.
La controversia deja planteadas dos posiciones: de un lado, las denuncias del senador Cepeda sobre presuntas relaciones entre sectores del poder y redes ilegales en el manejo de tierras; del otro, la respuesta del Gobierno, que exige sustento probatorio y reivindica las garantías del debido proceso.
Por ahora, los señalamientos expuestos en el debate corresponden a denuncias políticas que deberán ser contrastadas e investigadas por las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes.
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