El presidente Abelardo de la Espriella anunció la cancelación, suspensión y trámite de cancelación de las licencias de varias empresas de vigilancia y seguridad privada, en medio de investigaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) por presuntas irregularidades en el manejo y control de armas.
De acuerdo con lo informado por el mandatario, algunas de las decisiones administrativas ya fueron adoptadas, mientras que otras todavía deben quedar en firme.
“Maximus tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite”, explicó De la Espriella a través de su cuenta de X.
Investigación por presuntos nexos con organizaciones delincuenciales
El Gobierno señaló que las actuaciones de Supervigilancia incluyen investigaciones sobre posibles conexiones de algunas compañías con organizaciones delincuenciales, entre ellas Los Costeños y el Clan Vega Daza.
Las menciones corresponden a investigaciones en curso y no significan, por sí mismas, que las empresas señaladas hayan sido declaradas judicialmente responsables de mantener vínculos con organizaciones criminales.
El presidente aseguró que, desde la llegada del actual superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, impartió instrucciones para identificar empresas que eventualmente pudieran estar siendo utilizadas como fachada para facilitar el acceso de estructuras delincuenciales a armas o mecanismos de protección.
“Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”, manifestó.
Revisión en todos los departamentos
De la Espriella anunció además una revisión de las empresas de vigilancia y seguridad privada en todos los departamentos del país, con el propósito de identificar posibles incumplimientos de las normas que regulan el sector.
Uno de los aspectos prioritarios será establecer qué ocurrió con armas cuyo paradero no estaría plenamente determinado dentro de las investigaciones adelantadas por Supervigilancia.
“¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”, afirmó el mandatario.
Hasta el momento, la información divulgada no precisa cuántas armas estarían siendo buscadas, a qué empresas corresponderían ni en qué regiones se habrían presentado las inconsistencias.
Tampoco se han detallado públicamente las conductas específicas que dieron origen a cada una de las decisiones administrativas mencionadas por el presidente.
Diferentes situaciones administrativas
La situación de las empresas señaladas es diferente en cada caso. Según la información divulgada por el Gobierno:
- Maximus: tiene la licencia cancelada.
- Blink: existe una decisión de cancelación pendiente de quedar en firme.
- Lost Prevention: tiene una decisión de cancelación pendiente de quedar en firme.
- Atenas: tiene una decisión de cancelación pendiente de quedar en firme.
- OL Security Group–Servisecurity: permanece suspendida y su cancelación se encuentra en trámite.
Las eventuales responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos investigados deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes, mientras Supervigilancia continúa con las actuaciones administrativas relacionadas con las licencias y el control del armamento.
El Gobierno indicó que la revisión nacional busca establecer si existen otras irregularidades en el sector y reforzar los controles sobre las empresas autorizadas para prestar servicios de vigilancia y seguridad privada.
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