El presidente Abelardo de la Espriella anunció que modificará el proyecto de Ley de Rescate Económico, también denominado reforma tributaria, para impedir que los productos de la canasta familiar sean gravados con nuevas tarifas del impuesto al valor agregado (IVA).
La decisión fue comunicada el domingo 15 de noviembre, durante una alocución presidencial con motivo del balance de los primeros 100 días de su administración. El mandatario aseguró que el Gobierno buscará cumplir sus objetivos de recaudo fiscal sin trasladar nuevas cargas tributarias a los consumidores ni afectar la producción agropecuaria.
“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, manifestó De la Espriella.
El anuncio representa un cambio frente a la propuesta tributaria que el Ejecutivo había presentado ante el Congreso el 29 de octubre, en la cual se contemplaba ampliar la base de productos y servicios sujetos al impuesto, eliminar la tarifa diferencial del 5 % y trasladar varios bienes que actualmente están excluidos o exentos a la tarifa general del 19 %.
La iniciativa había generado inquietud entre consumidores, productores agropecuarios, comerciantes y diferentes sectores políticos, debido al posible impacto que esas modificaciones tendrían sobre los precios de los alimentos y el costo de vida de los hogares.
Qué productos estaban expuestos a pagar más IVA
El proyecto original contemplaba modificaciones en el tratamiento tributario de diferentes alimentos y productos de consumo cotidiano.
Entre los bienes que podían resultar afectados figuraban frutas como banano, plátano, aguacate, mango, piña, papaya, naranja, limón, mandarina, uvas, fresa, mora y coco.
También aparecían verduras y hortalizas como tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga, repollo, coliflor y pepino.
En el grupo de granos y productos básicos se encontraban fríjol, lenteja, garbanzo, maíz para consumo humano, sal y miel.
La propuesta también contemplaba cambios para productos que actualmente tienen una tarifa diferencial del 5 %, entre ellos café, azúcar, pastas alimenticias, chocolate de mesa y determinados aceites comestibles.
Algunos de estos productos podían pasar a pagar la tarifa plena del 19 %, mientras que otros perderían su condición de bienes excluidos o exentos, dependiendo de su clasificación dentro del Estatuto Tributario.
El alcance de las modificaciones es importante porque no todos los alimentos tienen actualmente el mismo tratamiento frente al IVA.
Los bienes excluidos no generan IVA en su venta, aunque sus productores no pueden descontar el impuesto pagado en la adquisición de insumos. Los bienes exentos tienen tarifa del 0 % y permiten, bajo las condiciones legales, solicitar la devolución de los impuestos descontables. Por su parte, los productos gravados con tarifa diferencial pagan actualmente el 5 %.
La eliminación de estas diferencias era uno de los componentes centrales de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno.
Arroz, papa, yuca, carnes y huevos conservarían su tratamiento favorable
El proyecto original también contemplaba mantener el tratamiento tributario favorable para varios alimentos esenciales.
Entre ellos se encontraban el arroz para consumo humano, la papa, la yuca, el pan, la arepa, la panela, la leche, las carnes de res y cerdo, el pollo, el pescado fresco y los huevos.
Sin embargo, es importante precisar que la clasificación tributaria no es idéntica para todos estos productos. Algunos están excluidos y otros tienen la condición de exentos.
La modificación anunciada por el presidente busca evitar que los alimentos de la canasta familiar pierdan esos beneficios o reciban nuevas cargas tributarias.
El Gobierno todavía debe precisar cuáles disposiciones serán retiradas, qué productos conservarán sus condiciones actuales y si habrá modificaciones adicionales en los artículos relacionados con el sector agropecuario.
El IVA general también podría bajar del 19 % al 17 %
Otro de los anuncios realizados por De la Espriella fue la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA, actualmente del 19 %, al 18 % o incluso al 17 %.
El mandatario explicó que el Ministerio de Hacienda estudia esa alternativa, aunque no presentó una decisión definitiva ni un calendario para su eventual aplicación.
La propuesta abriría un debate adicional sobre el impacto que tendría una reducción de la tarifa general en el recaudo tributario y en las finanzas públicas.
Una disminución de uno o dos puntos porcentuales del IVA podría beneficiar a los consumidores en las compras de bienes y servicios gravados con la tarifa general, siempre que la reducción se refleje en los precios finales.
No obstante, también representaría menores ingresos tributarios para el Estado, por lo que el Gobierno tendría que establecer cómo compensaría ese efecto y garantizaría los recursos necesarios para financiar el presupuesto nacional.
De la Espriella sostuvo que la prioridad es encontrar una fórmula que permita alcanzar las metas fiscales sin incrementar el costo de los alimentos.
“La Ley de Rescate Económico no es una imposición, es un camino serio. La verdadera reforma ha sido la austeridad”, expresó.
También dejó abierta la posibilidad de recibir propuestas de los partidos políticos y de los diferentes sectores económicos para modificar otros componentes de la iniciativa.
La devolución del IVA a los hogares de menores ingresos
Uno de los mecanismos incluidos en el proyecto original es el denominado EfectIVA, un sistema de devolución del impuesto para las personas de menores ingresos.
La propuesta del Ministerio de Hacienda contempla devolver una parte o la totalidad del IVA pagado por los beneficiarios en sus compras, mediante un mecanismo que utilizaría la información de las facturas electrónicas.
De acuerdo con el diseño presentado por el Ejecutivo, las personas en condición de pobreza y los grupos de menores ingresos recibirían una devolución del 100 % del IVA reconocido, mientras que otros segmentos de la población vulnerable tendrían compensaciones del 50 %, 40 % o 30 %, según su clasificación.
El Gobierno estima que el mecanismo podría beneficiar a cerca de 19 millones de colombianos con devolución total y a otros 16,5 millones con devoluciones parciales, según la información divulgada por el Ministerio de Hacienda.
La iniciativa busca compensar el impacto regresivo que puede tener el IVA sobre los hogares de menores recursos, que destinan una proporción mayor de sus ingresos al consumo.
Sin embargo, la devolución del impuesto no equivale a mantener los alimentos excluidos o exentos. Se trata de mecanismos diferentes: uno evita que determinados productos generen IVA en el momento de la compra y el otro devuelve posteriormente una parte del impuesto pagado por los consumidores que cumplan los requisitos.
Por esa razón, el compromiso presidencial de no gravar la canasta familiar implica revisar las disposiciones tributarias originales, independientemente de que el programa EfectIVA continúe formando parte del proyecto.
Una reforma de 106 artículos que todavía debe superar el trámite legislativo
La Ley de Rescate Económico fue radicada por el Gobierno nacional el 29 de octubre de 2026 ante la Cámara de Representantes. El proyecto contiene 106 artículos y comprende medidas que van más allá de las modificaciones al IVA.
Entre sus disposiciones figuran cambios en el impuesto de renta de las empresas, modificaciones a la tributación de personas naturales, ajustes en los aportes a la seguridad social, incentivos para grandes inversiones y medidas orientadas a reducir el gasto público.
En materia empresarial, por ejemplo, el proyecto propone reducir la tarifa general del impuesto de renta de las sociedades del 35 % al 33 % para 2027 y al 31 % a partir de 2028.
También contempla un régimen de incentivos para atraer inversiones de gran magnitud y promover la generación de empleo.
En cuanto a las finanzas públicas, el Ejecutivo sostiene que la reforma busca enfrentar el déficit fiscal, disminuir el endeudamiento y corregir desequilibrios entre los ingresos y los gastos del Estado.
El Ministerio de Hacienda ha defendido la necesidad de adoptar medidas de ajuste para garantizar la sostenibilidad de las finanzas nacionales y evitar que el crecimiento de la deuda limite la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones.
Sin embargo, el proyecto no se ha convertido en ley y sus disposiciones pueden modificarse durante la discusión parlamentaria.
La propuesta inicial contemplaba que buena parte de los cambios en el IVA comenzaran a aplicarse el 1 de enero de 2028, siempre que la iniciativa fuera aprobada y sancionada.
El Gobierno deberá explicar cómo compensará el menor recaudo
El compromiso de no gravar los alimentos plantea un interrogante sobre la financiación de la reforma: cómo mantendrá el Gobierno sus metas de recaudo si elimina o modifica las disposiciones que ampliaban la base del IVA.
El proyecto original contemplaba un paquete de modificaciones tributarias con el que el Ejecutivo esperaba obtener recursos adicionales para atender las obligaciones fiscales del país.
En sus análisis sobre la iniciativa, el Ministerio de Hacienda también había presentado la devolución del IVA como una herramienta para compensar a los sectores de menores ingresos por los cambios en la tributación al consumo.
Ahora, con el anuncio presidencial, será necesario establecer qué otras fuentes de ingresos, ajustes del gasto o mecanismos de financiación permitirán mantener el equilibrio de las cuentas públicas.
El Gobierno ha mencionado la reducción del gasto estatal, la austeridad administrativa y la venta de activos entre las alternativas para obtener recursos y disminuir las necesidades de financiación.
El presidente también ha señalado que no considera inmodificable el proyecto presentado inicialmente y que está dispuesto a concertar sus disposiciones con el Congreso.
Por ahora, el anuncio constituye un compromiso del Ejecutivo, pero no modifica automáticamente el texto radicado. Para hacerlo efectivo será necesario presentar los ajustes correspondientes durante el trámite legislativo y obtener la aprobación de los congresistas.
La discusión sobre la Ley de Rescate Económico continuará, por tanto, alrededor de dos asuntos fundamentales: la protección del poder adquisitivo de los hogares y la búsqueda de recursos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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