Consejo de Estado ordenó a Gustavo Petro retirar 12 publicaciones en las que señaló de fraude electoral al registrador Penagos


*El alto tribunal amparó los derechos a la honra y al buen nombre del funcionario y de la Registraduría Nacional. El expresidente tendrá cinco días, contados desde la notificación del fallo, para eliminar los mensajes de su cuenta en X y retirar las declaraciones relacionadas con las mismas acusaciones que hizo durante un consejo de ministros.

El Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar 12 publicaciones de su cuenta en la red social X, en las que lanzó señalamientos contra el registrador nacional, Hernán Penagos, y la Registraduría Nacional del Estado Civil por un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026.

La decisión fue adoptada por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al resolver una acción de tutela presentada por Penagos, quien acudió a la justicia en nombre propio y en representación de la entidad.

El alto tribunal amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del registrador, así como el buen nombre de la Registraduría, al considerar que las acusaciones de fraude electoral y de presuntas conductas delictivas se difundieron sin elementos que permitieran atribuirle esas actuaciones al funcionario.

De acuerdo con la información conocida sobre la decisión, Petro dispone de cinco días, contados a partir de la notificación de la providencia, para eliminar los mensajes señalados por el Consejo de Estado.

La orden también comprende el retiro, de cualquier cuenta o medio que administre el expresidente, del contenido de las declaraciones que formuló sobre las mismas acusaciones durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026.

Los señalamientos durante la campaña electoral

La controversia se originó en una serie de publicaciones realizadas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ejercía la Presidencia de la República.

En esos mensajes, el entonces mandatario cuestionó diferentes aspectos del proceso electoral y planteó la existencia de supuestas irregularidades que, según sus afirmaciones, podían comprometer la transparencia de las elecciones presidenciales.

Entre los asuntos señalados estuvieron presuntas modificaciones del censo electoral y del número de puestos y mesas de votación, así como supuestas alteraciones de los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14, utilizados por los jurados de votación para registrar los resultados del escrutinio en cada mesa.

Petro también hizo cuestionamientos relacionados con las direcciones IP de los servidores de la Registraduría, la supuesta existencia de patrones o bloques matemáticos que, a su juicio, evidenciarían una manipulación de los resultados, y la negativa de la entidad a permitir una auditoría del código fuente de su sistema informático.

Las acusaciones fueron difundidas tanto en su cuenta personal de X como durante una sesión del consejo de ministros transmitida públicamente el 14 de julio.

La tutela presentada por Hernán Penagos

El registrador nacional acudió al Consejo de Estado al considerar que las afirmaciones del entonces presidente afectaban sus derechos fundamentales y comprometían la reputación de la institución responsable de organizar los procesos electorales.

Según los antecedentes de la acción judicial, Penagos solicitó previamente a Petro que rectificara sus declaraciones. Sin embargo, sostuvo que transcurrieron 15 días hábiles sin recibir una respuesta ni una corrección de los señalamientos, razón por la cual decidió presentar la tutela.

La acción cuestionó inicialmente 14 publicaciones en la cuenta de X del exmandatario, además de las afirmaciones realizadas durante el consejo de ministros. El expediente quedó identificado con la radicación 11001-03-15-000-2026-07952-00.

El Consejo de Estado admitió la tutela mediante un auto del 30 de septiembre de 2026, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales. En esa etapa inicial, el tribunal ordenó notificar a Petro para que ejerciera su derecho de defensa y vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.

La admisión de la acción no significaba que el tribunal hubiera resuelto el conflicto. Se trataba del comienzo del trámite judicial, en el que debían examinarse los argumentos y las pruebas aportadas por las partes.

La libertad de expresión y la responsabilidad presidencial

En el auto admisorio, el Consejo de Estado identificó la relevancia constitucional del caso y señaló que el debate involucraba los límites de la libertad de expresión y del poder-deber de comunicación de quien ejercía la Presidencia de la República.

El despacho también advirtió que las afirmaciones cuestionadas no se referían únicamente a un conflicto entre dos personas. Por su contenido y por la autoridad desde la cual fueron difundidas, tenían repercusiones sobre la confianza pública en los organismos encargados de administrar las elecciones y sobre el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz e imparcial acerca del proceso electoral.

Uno de los aspectos jurídicos relevantes es que los señalamientos se hicieron cuando Petro todavía era jefe de Estado. El Consejo de Estado precisó, al estudiar su competencia, que el hecho de que el exmandatario hubiera dejado el cargo no modificaba el objeto de la controversia, pues las expresiones cuestionadas fueron difundidas durante el ejercicio de sus funciones presidenciales.

La decisión conocida este 17 de noviembre representa un avance en el proceso iniciado por Penagos y establece una orden concreta frente a las publicaciones y declaraciones objeto de la tutela.

El fallo no debe interpretarse como una certificación general sobre la inexistencia de cualquier irregularidad en las elecciones presidenciales de 2026. El asunto examinado en esta tutela se refiere a la vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra del registrador y de la Registraduría, en razón de las acusaciones que les fueron atribuidas sin elementos suficientes para vincular al funcionario con las conductas denunciadas.

Con la orden de retirar los mensajes, el Consejo de Estado busca proteger los derechos que encontró vulnerados y evitar que continúe la difusión de los señalamientos objeto de la controversia judicial.


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