La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el esquema de seguridad que tenía asignado y atribuyó la decisión a una presunta retaliación política del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La dirigente política hizo pública la situación mediante un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en el que señaló directamente al mandatario y al director de la UNP, Didier Fabián Blanco.
“Por retaliación política el gobierno de Abelardo y su director de la UNP retiraron mi esquema de seguridad”, escribió López.
En el mismo pronunciamiento, la exalcaldesa expresó preocupación por lo que considera un ambiente de hostilidad contra las voces críticas de la administración y lanzó una advertencia sobre su integridad personal.
“¿Pasarán del sicariato digital al físico en la Patria Miseria? En todo caso no me callaré”, manifestó.
López terminó su mensaje agradeciendo a los funcionarios que durante años estuvieron encargados de su protección. “A los servidores que cuidaron mi vida estos años mi gratitud infinita y eterna”, agregó.
Hasta el momento, la denuncia divulgada por la exalcaldesa no incluye detalles sobre la fecha en que se hizo efectivo el retiro, los resultados de una eventual reevaluación de su nivel de riesgo ni el acto administrativo que habría sustentado la decisión.
Tampoco se conoce, en la información consultada para esta nota, una respuesta oficial de la UNP o del Gobierno que explique las razones específicas de la medida.
La revisión de los esquemas ordenada por el Gobierno
La denuncia se produce en medio de un proceso de revisión de los esquemas de protección asignados por la UNP, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara examinar las medidas vigentes para determinar cuáles cuentan con justificación técnica y cuáles podrían ser retiradas.
El mandatario ha defendido esa revisión con el argumento de que los recursos públicos destinados a la protección deben responder a situaciones de riesgo debidamente evaluadas. También ha sostenido que las medidas deben mantenerse para quienes enfrenten amenazas reales, independientemente de su posición política.
En una de sus intervenciones públicas, De la Espriella cuestionó que una denuncia de amenazas en redes sociales pudiera convertirse automáticamente en motivo para asignar protección estatal y afirmó que su administración no mantendría esquemas sin respaldo técnico.
La revisión ya había generado controversia por el retiro de medidas de protección a antiguos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, entre ellos los exministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino.
Durante un debate en la Cámara de Representantes, el director de la UNP, Didier Blanco, se refirió a las dificultades que había enfrentado la entidad para recuperar algunos vehículos asignados a exfuncionarios cuyos esquemas fueron modificados o retirados.
¿Cómo se decide el retiro de un esquema de seguridad?
La asignación, modificación o finalización de las medidas de protección de la UNP está sometida a procedimientos reglamentados. El Decreto 1066 de 2015 establece que las decisiones deben tener como fundamento una valoración del nivel de riesgo de cada persona.
El procedimiento contempla la recepción de la solicitud, la evaluación técnica, el análisis del caso por las instancias correspondientes y la adopción de una decisión administrativa motivada. La entidad también debe reevaluar periódicamente los niveles de riesgo y puede hacerlo antes de cumplirse el periodo ordinario cuando aparecen nuevos hechos que puedan modificar las condiciones de seguridad.
Por esa razón, el caso de Claudia López plantea interrogantes sobre los fundamentos técnicos y administrativos que llevaron a retirar su esquema, así como sobre la posibilidad de solicitar una nueva valoración si considera que persisten o han aumentado las amenazas contra su vida.
La controversia también abre un debate sobre las garantías que deben tener las figuras públicas de oposición y los dirigentes políticos que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno.
Por ahora, la acusación de retaliación política corresponde a la interpretación expresada por López. La explicación de la UNP sobre los motivos concretos del retiro será fundamental para establecer si la decisión obedeció a una evaluación técnica del riesgo o si existen elementos que respalden los cuestionamientos de la exalcaldesa.

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