Las autoridades colombianas anunciaron la ocupación de 83 bienes con fines de extinción de dominio, avaluados en $36.310 millones, que estarían vinculados a una estructura al servicio del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El procedimiento, denominado Operación Fénix, fue desarrollado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), de acuerdo con la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en la red social X.
La intervención busca afectar las fuentes de financiación de la organización, a la que el Gobierno atribuye actividades relacionadas con el narcotráfico.
Apartamentos, fincas, vehículos y establecimientos comerciales
Entre los 83 activos intervenidos se encuentran seis apartamentos, ocho fincas, ocho vehículos, tres establecimientos comerciales, tres parqueaderos, dos sociedades, una casa, un hotel, un lote y 50 semovientes.
Según la información oficial, los bienes están distribuidos en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander.
El Gobierno señaló que la estructura utilizaba predios rurales en el municipio de Teorama, Norte de Santander, para producir cocaína. Posteriormente, la sustancia ilícita sería enviada hacia Centroamérica a través del puerto de Cartagena y distribuida en ciudades como Bogotá y Medellín.
El mandatario también informó que los presuntos cabecillas de la red, identificados con los alias de Wilson, Cantante y José, ya habían sido capturados.
La ocupación con fines de extinción de dominio constituye una medida dentro de un procedimiento judicial. No significa, por sí sola, que la propiedad de los bienes haya pasado definitivamente al Estado, pues el proceso debe continuar conforme a las etapas establecidas por la ley.
Operación NOAH: cuatro muertos y seis capturados en Tibú
En un operativo militar independiente, el Gobierno informó sobre una ofensiva contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias Calarcá, en zona rural de Tibú, Norte de Santander.
La intervención, denominada Operación NOAH, fue autorizada por el presidente Abelardo de la Espriella y contó con la participación del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.
El balance preliminar divulgado por el mandatario fue de cuatro personas muertas y seis capturadas durante las operaciones militares.
Entre los detenidos se encuentra alias Barba Chivo, también conocido como Costeño, señalado por el Gobierno como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, identificado como uno de los principales jefes de la estructura 33.
De acuerdo con el reporte presidencial, el capturado llevaría cerca de 11 años vinculado a actividades delictivas y habría participado en confrontaciones armadas en Tibú.
Durante la operación también fueron incautados siete fusiles y 15 granadas para drones. El Gobierno informó, además, sobre la afectación de tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esa organización.
De la Espriella ordenó mantener las operaciones militares contra esa estructura armada en la región del Catatumbo.
Los resultados de ambas intervenciones fueron presentados por el Gobierno como parte de sus acciones contra las fuentes de financiación y las capacidades operativas de las organizaciones armadas ilegales.
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