La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles responsables de presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), administrado por la Fiduprevisora.
La actuación involucra, según el Ministerio Público, a funcionarios o particulares vinculados con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Fiduprevisora, y busca determinar las circunstancias en las que se habrían presentado las anomalías detectadas en una auditoría al Fondo.
Entre los hallazgos que dieron origen a la indagación se encuentran posibles irregularidades en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud del magisterio, así como en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la contratación de los operadores encargados de prestar los servicios.
La Procuraduría también puso bajo revisión pagos por $4,4 billones que, de acuerdo con los hallazgos citados, se habrían realizado sin los respectivos soportes ni cadena presupuestal. Estas transacciones correspondieron a recursos transferidos desde el Ministerio de Hacienda al Fomag para el pago de proveedores.
La indagación incluye además la liquidación de contratos y pagos a administradores del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), así como pagos efectuados a empresas de acueducto y energía que, según la información remitida al Ministerio Público, habían sido objetados por la revisoría fiscal en las vigencias señaladas.
Procuraduría ordena recopilar información
Como parte de la actuación, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas y requirió información a las entidades involucradas para establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existen responsabilidades disciplinarias.
La Fiduprevisora deberá entregar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación de la apertura de la indagación, información sobre quienes hayan ejercido como vicepresidentes del Fondo de Prestaciones, gerentes jurídicos y gerentes de servicios de salud, además de los funcionarios y particulares que hayan intervenido en los procesos relacionados con las presuntas anomalías.
El Ministerio de Salud deberá remitir una copia del informe presentado por la exministra Viviane Morales Hoyos, en el que se exponen hallazgos relacionados con la situación financiera, administrativa y de prestación de servicios de salud del Fomag.
También tendrá que presentar un informe detallado sobre el estado y los resultados de las auditorías solicitadas por la entonces ministra frente a la situación del Fondo.
Por su parte, la Procuraduría solicitó a la Contraloría General de la República copias de los informes correspondientes a las inspecciones realizadas al Ministerio de Hacienda y a la Fiduprevisora sobre el manejo y administración del Fomag.
El organismo de control fiscal deberá igualmente informar sobre las actuaciones adelantadas a partir de los resultados de dichas inspecciones.
Finalmente, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública deberá presentar un informe sobre las actuaciones desarrolladas frente a la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de prestación de servicios de salud para los docentes.
La apertura de una indagación previa no determina responsabilidades individuales. Su propósito, en esta etapa, es recopilar elementos que permitan establecer si ocurrieron irregularidades y, de ser procedente, identificar a los responsables.
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