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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar la situación jurídica de las personas privadas de la libertad que permanecen recluidas en guarniciones militares o estaciones de Policía y disponer su traslado cuando no cumplan las condiciones legales para continuar en esas instalaciones.
La instrucción fue anunciada durante el séptimo punto de su alocución presidencial, dedicado a lo que denominó el fin de los privilegios para las personas condenadas por hechos de corrupción.
“He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, afirmó el mandatario.
La medida contempla, según explicó De la Espriella, dos acciones: verificar las condiciones que permiten actualmente la permanencia de estas personas en instalaciones de la Fuerza Pública y efectuar los traslados correspondientes cuando no exista fundamento legal para que continúen allí.
Sin embargo, durante su intervención el presidente no entregó una cifra sobre las personas que serían revisadas, no identificó casos particulares ni informó cuáles guarniciones militares o estaciones de Policía serán incluidas en el procedimiento.
Crítica a los privilegios para condenados por corrupción
La orden presidencial estuvo acompañada de un cuestionamiento a las condiciones especiales de reclusión que, según De la Espriella, podrían beneficiar a personas condenadas por delitos contra la administración pública.
“La corrupción no es un delito sin víctimas”, sostuvo el mandatario, al señalar que el desvío de recursos públicos puede afectar programas de alimentación escolar, educación, salud, agua potable, carreteras, hospitales y colegios.
De la Espriella rechazó que las personas condenadas por corrupción reciban un tratamiento diferente durante el cumplimiento de sus penas debido al cargo que ocuparon o a sus relaciones.
“Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior”, afirmó.
El presidente sostuvo además que el cumplimiento de una condena no debería convertirse en una situación privilegiada para quienes utilizaron posiciones dentro del Estado para apropiarse de recursos públicos.
No se anunciaron casos ni cronograma de traslados
La instrucción presidencial, de acuerdo con lo expuesto durante la alocución, está dirigida a determinar qué personas cumplen actualmente los requisitos legales para permanecer privadas de la libertad en instalaciones militares o policiales.
De la Espriella no mencionó nombres, no precisó cuántos traslados podrían efectuarse y tampoco estableció un cronograma para la ejecución de la medida.
El mandatario insistió en que la aplicación de la ley no debe depender del apellido, el cargo ocupado o los contactos de una persona condenada.
“Acabar con la cultura de la corrupción exige investigaciones, condenas y recuperación del dinero robado, pero también exige terminar con la percepción de que en Colombia la cárcel depende del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan”, manifestó.
De esta manera, la revisión anunciada deberá determinar, caso por caso, si existe fundamento legal para que las personas privadas de la libertad continúen en guarniciones militares o estaciones de Policía y, cuando no lo haya, proceder con los traslados correspondientes..
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