El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno trabaja en un protocolo para establecer las circunstancias en las que la Policía podrá ingresar a universidades públicas para intervenir ante hechos violentos.
Durante su alocución del domingo, el mandatario afirmó que la autonomía universitaria no puede convertirse en un impedimento para actuar frente a situaciones que comprometan la seguridad de estudiantes, ciudadanos, integrantes de la Fuerza Pública o las instalaciones educativas.
“El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques a nuestra Fuerza Pública y la población civil no es protesta”, afirmó De la Espriella, quien agregó: “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia”.
El presidente reconoció, sin embargo, que las universidades gozan de autonomía y señaló que el propósito de la medida será establecer reglas claras para la intervención de las autoridades.
La Constitución Política, en su artículo 69, garantiza la autonomía universitaria, mientras que la Ley 30 de 1992 desarrolla facultades relacionadas con la organización académica, administrativa y financiera de las instituciones de educación superior.
No obstante, la autonomía universitaria no ha sido considerada absoluta por la Corte Constitucional. La jurisprudencia ha señalado que encuentra límites en aspectos como el orden público, el interés general y el bien común.
A su vez, el Código Nacional de Policía establece circunstancias excepcionales en las que las autoridades pueden ingresar a inmuebles sin autorización previa, entre ellas situaciones de flagrancia o riesgo para la vida de las personas. Estas actuaciones están sujetas a los controles establecidos por la ley.
El anuncio presidencial abrió nuevamente el debate sobre el equilibrio entre autonomía universitaria, derecho a la protesta y seguridad dentro de los campus.
El Gobierno anunció que durante esta semana dará a conocer los detalles del protocolo que determinará los procedimientos y las circunstancias específicas en las que podría intervenir la Fuerza Pública.
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