*La administración de Donald Trump reemplazó el gravamen temporal del 10 % por un nuevo arancel sustentado en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La medida busca presionar a los países que, según Washington, no cuentan con controles suficientes para impedir la importación de bienes elaborados con trabajo forzado.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo régimen de aranceles que eleva al 12,5 % el gravamen aplicado a las importaciones procedentes de Colombia, una decisión que sustituye el arancel temporal del 10 % vigente desde abril y que, según expertos, podría tener un carácter mucho más permanente.
La medida fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tras culminar una investigación sobre las políticas de 54 economías respecto a la importación de productos elaborados con trabajo forzado.
De acuerdo con la decisión, Colombia quedó incluida entre los países que, a juicio de Washington, aún no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de este tipo de mercancías a sus mercados.
Un cambio que va más allá del aumento del arancel
Aunque el incremento representa apenas 2,5 puntos porcentuales frente al gravamen anterior, el cambio más importante radica en el fundamento jurídico de la decisión.
Hasta ahora, el arancel aplicado a Colombia hacía parte de las medidas comerciales temporales adoptadas por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), buena parte de las cuales fueron posteriormente limitadas por decisiones judiciales.
El nuevo esquema, en cambio, se sustenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada históricamente por distintos gobiernos estadounidenses para responder a prácticas comerciales consideradas injustas o perjudiciales para los intereses de Estados Unidos.
Especialistas en comercio internacional consideran que este mecanismo tiene un respaldo jurídico mucho más sólido, lo que hace más difícil que los nuevos aranceles sean revertidos por los tribunales.
No todos los productos colombianos pagarán el 12,5 %
La decisión no implica que todas las exportaciones colombianas queden automáticamente sujetas al nuevo gravamen.
La resolución mantiene diversas excepciones para materias primas estratégicas, bienes cuya producción es insuficiente en Estados Unidos, productos cuyo encarecimiento afectaría el abastecimiento interno y otras categorías específicas contempladas en los anexos de la decisión.
Entre los productos excluidos figuran varios de interés para Colombia, como el café y la carne de res, además de otras mercancías que conservarán un tratamiento arancelario diferente según su clasificación.
La investigación involucró a 54 economías
La investigación que dio origen a las nuevas medidas fue abierta el 12 de marzo por instrucción directa del presidente Trump.
Durante varios meses, la USTR realizó audiencias públicas, recibió más de 3.700 comentarios escritos y sostuvo consultas con más de 45 gobiernos, antes de concluir que las economías investigadas no aplican controles suficientes para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.
Al anunciar la decisión, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la medida busca incentivar cambios regulatorios entre los socios comerciales de Washington.
"El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzado de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos ha mantenido durante casi un siglo una prohibición sobre este tipo de importaciones y hace cumplir rigurosamente esa legislación", señaló.
Colombia podría solicitar una revisión
Pese al incremento arancelario, la decisión deja abierta la posibilidad de que Colombia solicite una revisión en el futuro.
Según la resolución, varios países —entre ellos Canadá, Reino Unido, México, Argentina, Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador— recibieron un arancel menor, del 10 %, debido a que ya cuentan con prohibiciones o controles considerados suficientes por Estados Unidos para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzado.
En ese contexto, la llegada al poder del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su intención de fortalecer las relaciones con Washington, podría abrir un espacio para negociar ajustes regulatorios que permitan revisar el tratamiento arancelario otorgado a Colombia.
De concretarse reformas que satisfagan las exigencias de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el Gobierno colombiano tendría la posibilidad de solicitar una reducción del gravamen o un tratamiento similar al concedido a otros socios comerciales de Washington.
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