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Mientras el representante Alirio Uribe concluyó que no existen méritos para vincular formalmente al presidente de la República, los congresistas Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo radicaron un salvamento de voto en el que solicitan que Gustavo Petro sea llamado a indagatoria por las presuntas irregularidades detectadas durante la investigación.
Uribe, quien lideró las pesquisas durante cerca de dos años, presentó un documento en el que recomienda cerrar la actuación penal contra el mandatario.
“Se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta”, señala el texto radicado por el representante.
Sin embargo, apenas un día después, Arizabaleta y Carrillo se apartaron de esa conclusión y solicitaron la vinculación formal del jefe de Estado al proceso.
“El Triunvirato Investigador debe disponer de la vinculación formal al proceso del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, mediante la recepción de indagatoria”, señalaron los congresistas en el salvamento de voto.
Los dos representantes sostienen que el entonces candidato presidencial tenía una responsabilidad directa sobre la transparencia financiera de su campaña, independientemente de las funciones delegadas a otros integrantes de la estructura electoral.
“La posición de garante del candidato presidencial frente a la transparencia financiera de su campaña tiene un fundamento normativo expreso en el artículo 19 de la Ley 996 de 2005”, argumentan.
Según esa interpretación jurídica, la responsabilidad del candidato no desaparece por haber delegado funciones en el gerente, el tesorero o el auditor de la campaña.
“La delegación de funciones no extingue la posición de garante del candidato ni su responsabilidad por las irregularidades de los delegados”, indica el documento.
Se aproxima un intenso debate jurídico
La divergencia entre los investigadores anticipa una discusión compleja dentro de la Comisión de Acusaciones, que deberá definir en los próximos días cuál de las dos posturas adopta oficialmente.
Junto con la radicación de los documentos, se solicitó al secretario de la Comisión agendar el debate para determinar si procede o no el llamado a indagatoria del presidente.
La decisión será clave para el futuro del proceso. Si prospera la tesis de Arizabaleta y Carrillo, Petro deberá ser vinculado formalmente a la investigación. Posteriormente se abriría una etapa probatoria con un plazo de hasta 60 días para recaudar elementos de juicio antes de definir si se presenta una acusación o se archiva el expediente.
En caso de que la Comisión apruebe una acusación, el proceso continuaría en la plenaria de la Cámara de Representantes. Si allí recibe respaldo, pasaría al Senado, donde una comisión especial estudiaría el caso antes de someterlo a consideración de la plenaria.
Dependiendo de la naturaleza de las conductas investigadas, el trámite podría terminar en la Corte Suprema de Justicia o en un juicio político ante el Senado de la República.
Un proceso de largo alcance
Expertos señalan que, debido a la complejidad de los procedimientos establecidos para investigar a un presidente en ejercicio, es poco probable que existan decisiones definitivas mientras Gustavo Petro permanezca en la Casa de Nariño.
No obstante, la división evidenciada en el triunvirato investigador representa un nuevo capítulo en uno de los procesos más sensibles que enfrenta el mandatario, en medio de los cuestionamientos sobre la financiación de su campaña presidencial y las investigaciones adelantadas por diferentes organismos de control.
Por ahora, la Comisión de Acusaciones tendrá la última palabra sobre si el caso continúa avanzando o si, como plantea uno de sus investigadores, debe archivarse sin vincular formalmente al presidente de la República.
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